El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, anuncia que utilizarán toda su artillería jurídica para frenar la reforma estatal que impone más exigencias a la creación de nuevos campus privados. "Es un atropello a la Constitución que no busca mejorar la universidad pública", denuncia este administrador civil del Estado que estudió Derecho en la Universidad Complutense. "Pedro Sánchez tacha de chiringuitos a las universidades privadas cuando su familia pone en peligro el buen nombre de la pública", dice.

El Gobierno se ha lanzado a frenar la creación de universidades privadas llamando a combatir los 'chiringuitos' y arremetiendo duramente contra el sistema universitario madrileño. Cuando se apruebe el decreto con las nuevas exigencias para crear campus, ¿lo recurrirán ante el Constitucional?

Usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para detener este atropello a la Constitución y al Estado de Derecho, que no busca mejorar la universidad pública, sino ir contra Madrid y la universidad privada y crear división en la sociedad. Le viene bien a Pedro Sánchez como cortina de humo para tapar que no tiene Gobierno y está rodeado por la corrupción. El decreto ataca la distribución territorial de competencias, porque la aprobación de nuevas universidades, públicas o privadas, corresponde a las CCAA.

¿Aprobarán más campus privados?

Tenemos la intención de seguir cumpliendo la Constitución, especialmente el artículo 27, con la libre creación de centros, la libertad de cátedra y la libertad de empresa. Por supuesto, como hemos hecho hasta ahora, garantizando la calidad.

¿En Madrid no hay 'chiringuitos'?

Madrid tiene un procedimiento para crear universidades mucho más riguroso que el del decreto nacional actual. Con los controles de Madrid Digital, la agencia de calidad, la Secretaría General Técnica, sobre viabilidad económica, y la Dirección General de Infraestructuras garantizamos que todas las nuevas universidades cumplen con los estándares de calidad. Sánchez tacha de chiringuitos a las universidades privadas cuando su propia familia pone en peligro el buen nombre de la universidad pública.

¿Es equilibrado que haya 13 campus privados y sólo seis públicos?

Más que de equilibrio, de lo que tenemos que hablar es de libertad y de la ley, que permite que cualquiera que cumpla una serie de requisitos y logre unos informes pueda montar una universidad. Existen ciudades como Londres o Boston con un número muy elevado de universidades privadas y eso no hace sino enriquecer aún más la oferta. En el sistema madrileño las universidades públicas se complementan con las privadas y todas suponen una oferta buenísima para los alumnos de Madrid, del resto de CCAA e incluso de fuera de España.

¿Por qué no se vuelcan en mejorar los fondos para lo público? Madrid es la región que peor financia por alumno: los campus están asfixiados y hay edificios en muy malas condiciones.

Madrid no ha dejado de incrementar su inversión en las universidades públicas. Ponemos muchísimo dinero, casi 1.200 millones de euros, prácticamente un 4% del presupuesto de la Comunidad. Existen muy pocas regiones, no ya de España sino de Europa, que alcancen ese porcentaje. Lo que hay que hacer es garantizar que esa inversión se hace bien. Por eso trabajamos con los rectores en la Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia.

¿Esta ley contempla una financiación por objetivos?

Sí. Ahora existen transferencias nominativas a las universidades, pero no un modelo de financiación. Queremos establecer un verdadero sistema dividido en tres partes: una financiación básica para el funcionamiento ordinario de la universidad, otra financiación por necesidades específicas y una financiación por objetivos. Habrá objetivos que deben cumplir todas las universidades y otros específicos dependiendo de la idiosincrasia de cada una de ellas.

¿Uno de esos objetivos será la empleabilidad de los graduados?

Podría ser uno de ellos, pero no debe ser el único. Existen muchos grados en la universidad que no están ligados directamente al empleo, pero no por eso pueden verse discriminados. Por ejemplo, las Humanidades

¿Cuándo aprobarán su ley?

Esperamos que pronto, pero no puedo decir una fecha porque queremos un texto consensuado.

¿Por qué van a prohibir el uso individual de pantallas en los colegios?

Los padres nos han transmitido su preocupación por un exceso en la utilización de los dispositivos en los colegios. Además, quieren que sus hijos pasen menos tiempo en casa con las tabletas, pero los niños les dicen que tienen que hacer con ellas los deberes y los padres no puede estar pendientes todo el tiempo de que esto sea así. Las familias y toda la sociedad deben involucrarse, pero nosotros podemos contribuir porque tenemos responsabilidad sobre los centros. Por eso limitamos la utilización individual para que se haga un uso colectivo y supervisado por el profesor. La tecnología no es el mal, pero hay que saber aprovecharla.

¿Las tabletas y ordenadores mejoran el rendimiento académico?

Para aprender determinados saberes, como matemáticas, lectura y escritura, es esencial estudiar con papel y lápiz. Lo dicen los estudios y hay países con una apuesta por la enseñanza muy digitalizada que han dado marcha atrás por los resultados. Nos preocupa el rendimiento académico, pero también la salud de los niños, pues se están viendo problemas de falta de descanso, aislamiento, soledad, depresión y adicción.

Permiten un máximo de dos horas de pantallas a la semana. ¿Con ellas se logran competencias digitales?

Por supuesto. Las competencias digitales se pueden enseñar en una pizarra. No hace falta que para adquirirlas tengan que estar entrando en redes sociales.

¿Por qué no se prohíbe el uso individual en la ESO? ¿Lo malo para el niño de 12 años es bueno para el de 13?

Queremos ir paso a paso. De momento lo que nos preocupa son los riesgos en Infantil y Primaria. De todas formas, los centros deben tener la responsabilidad para regular la ESO.

Los centros concertados católicos dicen que su decreto es radical.R

Estas escuelas tienen un proyecto educativo en el que han apostado quizá de una manera excesiva por la digitalización. El decreto no es radical, se ha hecho con cuidado y respeto.

¿La Inspección ha visto cobros obligatorios por el uso de dispositivos?

Hemos tenido algún expediente de algún centro, pero los colegios, en general, están respetando la normativa, que dice que no se debe cobrar a los padres por la adquisición o utilización de dispositivos.

¿Su decreto no colisiona con la libertad de las familias que siempre defiende la presidenta Díaz Ayuso?

Protegemos de la exposición a las pantallas a los niños más pequeños con una limitación absoluta y a los menos pequeños con una limitación temporal, con un uso compartido y supervisado. Esto no es ni radical ni intervencionista porque debe prevalecer el interés superior del menor. Las familias están muy satisfechas: sólo el primer fin de semana nos llegaron 100 correos de agradecimiento de Madrid y de otras CCAA pidiendo que se imite el sistema.

Comparten con la ministra Sira Rego el ideario antipantallas y con Cataluña la vuelta al modelo EGB, al llevar la ESO a los colegios de Primaria. ¿No les preocupa tanta coincidencia educativa con sus rivales políticos?

Hacemos cosas que no se habían hecho antes y nos centramos en una etapa decisiva del crecimiento de los niños que requiere una protección especial. Queremos mejorar la situación de los alumnos de la mano de la comunidad educativa y de esa mayoría que muchas veces estaba callada.