"Trabajo como celador en las Urgencias de un gran hospital aquí en Madrid. Durante la pandemia, con aquellas salas abarrotadas de enfermos, el Gobierno nos pidió un esfuerzo. Y se lo dimos. No he currado más en mi vida. Y ahora así me lo pagan, sin poder echar a mis inquiokupas. ¿Acaso me merezco esto?". Con tono y semblante serio, Mariano, sanitario de 50 años, compró en 2005 una vivienda en Entrevías, su barrio de toda la vida, "pensando en el futuro".
Y el futuro llegó, 10 años más tarde, y le sorprendió con un divorcio y una custodia compartida. También con una mudanza ya que, durante ese tiempo, había estado viviendo con su ex mujer y la hija pequeña de ambos en otra zona de Vallecas. Su piso, mientras tanto, estaba puesto en alquiler, pero justo a principios de aquel 2015 quedó libre. Y tuvo que tomar una decisión: o instalarse en él o irse a casa de su madre y continuar percibiendo un sobresueldo.
"Finalmente, lo volví a alquilar. Regresé a casa de mi madre, a una habitación de seis metros cuadrados en la que colocamos dos camas para cuando me tocara con mi hija.... Por entonces ella tenía cuatro años, no era tan incómodo", evoca Mariano. Como aquellos días ya comenzaban a resonar ecos de okupación en la periferia madrileña, este celador acudió a una empresa de Alquiler Seguro para relanzar su vivienda al mercado inmobiliario. "Vinieron, hicieron fotos... Y al poco tiempo ya tenían una familia candidata: un matrimonio marroquí con dos hijos menores de edad", detalla. Era julio de 2015 y el precio mensual acordado fue de 600 euros.
Aunque, pasado un año y medio, afloraron los problemas. Primero, una llamada en la que sus inquilinos le pedían una rebaja en la cuota... Algo que Mariano aceptó, pactando la nueva cantidad en 520 euros. Un parche ya que, allá por 2018, comenzaron los impagos. Abonaban tarde, al tiempo se ponían al día, volvían a dejar de pagar... Y así sucesivamente hasta que en abril de 2021 les comunicó, burofax mediante, que quería el piso para irse a vivir con su hija, ya adolescente, para que ésta pudiera tener "un cuarto independiente para estudiar y tener su intimidad".
El feeling no fue malo. La familia marroquí le contestó que no se preocupara, que buscarían otra vivienda. Pero el tiempo pasaba y, transcurridos dos meses, seguían sin moverse. "Querían algo más de tiempo. También se lo di, pero no sirvió de nada". Entrados en aquel verano les volvió a llamar, y fue cuando escuchó la frase que le rompió sus esquemas. "La mujer me dijo que se iba a divorciar del marido... Que había ido a Servicios Sociales para que la asesorasen. Yo, por entonces, no tenía ni idea de lo de las vulnerabilidades...".
Lo aprendió a marchas forzadas, y por imposición. Tras un largo proceso judicial se acabaría decretando el desahucio para el 13 de abril de 2023, a las 10.30 horas, pero esa misma mañana se suspendió dada la "vulnerabilidad" de los inquilinos. "No entendía nada, el día anterior nos habían asegurado que todo seguía su curso... Estuvimos esperando 30 minutos ya que nadie había avisado ni al procurador ni al cerrajero de la compañía de seguros", rememora Mariano, quien tiempo más tarde se enteró, gracias a sus vecinos, de que el marido marroquí podría seguir viviendo en su piso. "Le ven entrar y salir... Y es más, ese 2023 abrió una nueva compañía cuya sede social es mi casa, tal y como figura en registro mercantil del BOCM. Es demasiado. Se ríen de mí, de la Justicia y del Estado".
Este episodio no fue más que otro "jarro de agua fría". Aunque, por entonces, estaba curado de espanto. Sus moradores ya le habían dejado de pagar definitivamente meses atrás, concretamente en enero de 2023, después de que Mariano recibiera una carta de su compañía eléctrica. "Era una multa de 2.300 euros ya que, en una inspección, se corroboró que habían puenteado el contador de la luz. Mi cara fue... un poema. Quedé con ellos esa misma tarde y me dijeron que no sabían nada. Que a lo mejor era de antes... Claro, lleva ocho años ahí y la compañía eléctrica es gilipollas. Les exigí que la pagaran ellos". Sobra decir que no la abonaron. Lo tuvo que hacer Mariano, por recomendación de su abogado, ya que si no "me podían denunciar ellos por coacciones". A partir de ahí, no volvió a comunicarse con ellos.
Por el momento, este sanitario continúa esperando a que todo se resuelva. Su caso depende de que un juez decrete su vulnerabilidad. "Nosotros estamos bastante peor. Ellos suben a sus redes viajes a Marruecos en avión, motos de agua en el mar, quads por las dunas... Y mientras mi hija, a sus 14 años, durmiendo en la misma habitación que su padre. Ella me ha dicho que si esto no se soluciona, y pese a que me quiere mucho, se irá a vivir permanentemente con su madre ya que allí sí tiene espacio. Eso me mata, me duele en el alma".
La rabia y la impotencia se entremezclan entre los sentimientos de Mariano, quien no quiere seguir siendo "el escudo social del Gobierno". Y concluye: "Es un problema estatal, no mío. Yo no les tengo que dar mi casa. Esto sólo pasa en España...".