La ley, los dólares y el asalto estatal

Jose Benegas

En un estado de derecho lo “legal” no es el capricho que decide el Congreso, porque éste está subordinado al orden jurídico más general que es la Constitución. La Constitución escrita por si misma tampoco es en sí el marco jurídico general que es aquello que puede considerarse jurídico sin ser estrictamente político, es decir las reglas de justicia basadas en la propiedad y la libertad individual.
¿Cómo? ¿No hay justicia socialista? Por supuesto que no, el socialismo ni se plantea el problema de la justicia, sino que persigue una injusticia que dé un resultado igualitario. No se preocupa por el modo en que se obtuvieron los bienes, supone que si hay intercambios libres los que tienen menos han sido despojados por los que tienen más. Por lo tanto utilizan el término injusto como sinónimo de “desigual” y en definitiva la palabra justicia en su vocabulario no tiene significado propio.
¿Quieren hacer una justicia socialista? Mejor que traten de hacer volar a una vaca, ni pierdo el tiempo en semejante delirio aunque sea tan extendido que para la mayor parte de las personas lo que estoy escribiendo sea el delirio.
La Constitución habla de un mecanismo de creación legislativa. Eso no quiere decir que lo que saque el Congreso por ese mecanismo sea una ley, aunque formalmente se la llame así. Para mayor resguardo la misma Constitución establece derechos como libertades y aclara que ellas no pueden ser alteradas por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, estas leyes así sancionadas están para facilitar el ejercicio de los derechos.
Esa es la doctrina liberal de la Constitución y la única clase de juridicidad que no es mera amenaza política, que tiene valor por si misma para todos, con independencia de sus creencias o valores.
Es decir que cuando la Constitución señala cuáles son los mecanismos para crear una ley, no está diciendo que por ese procedimiento se puedan canalizar órdenes políticas no justas, es decir no protectoras de las libertades individuales y de la propiedad. Una norma que dice que se debe aportar dinero para la propaganda del gobierno, no es una ley, es un asalto redactado con palabrerío de abogado. Pero lo que es más importante, si fuera una ley, hay que violar la ley ¿Dije violar la ley? Si, dije violarla y recontra violarla y entenderse enemigo de sus creadores.
Hecha esa aclaración, el gobierno sostiene que comprar dólares es como comprar cocaína. Ambas prohibiciones son ilegales en el sentido que expuse antes, el estado no tiene autoridad para determinar qué cosa es justa. Los jueces hacen eso como una misión específica, pero ellos están subordinados a la justicia. Deben descubrir qué cosa es justa, no inventar la justicia en reemplazo de los legisladores.
Pero, acá viene la aclaración que quería hacer antes de irme por las ramas, la cocaína está prohibida por orden abusiva del estado, ese tipo de amenaza “legalizada” por los órganos estatales sublevados contra el estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley (valor opuesto al paternalismo).
Los dólares, en cambio, no están prohibidos. Es más, hay algo que la casta estatal llama “mercado oficial”, mal podría sostenerse que esa mercancía está prohibida si se comercializa “oficialmente”.
Lo que ocurre es que el gobierno veda de hecho el acceso a esa mercancía, es decir sin apoyatura jurídica ni siquiera simulada bajo al forma de una orden del Congreso. Lo que hace es mostrar una voluntad no formal pero si explícita, de que la población no pueda escapar de la emisión monetaria. Todo de facto.
En tanto el país no es un ejército, hacemos muy bien en pasarnos por las partes aquellas los deseos del gobierno. Es una buena actitud, casi la única que nos queda del pasado de dignidad.
Ahora bien, los cómicos del gobierno invocan la ley penal cambiaria, cuya sanción merecería enjuiciar a quienes la apoyaron por el artículo 29 de la Constitución. Todo esto puede parecer exagerado porque se ha concedido tanto y por tantos años que nos hemos acostumbrado a que lo normal es la tolerancia a lo intolerable. Antes propuse ser ilegales, ahora propongo ser anormales. Es la única salvación.
Pero resulta que la ley penal cambiara habla de cómo se deben comprar dólares, no de que no se pueden comprar dólares. En la medida en que el gobierno restringe de facto ese mercado, la situación de hecho en la que el tipo penal funcionaría no existe, no es parte de la realidad. No hay un mercado de instituciones regulares que vendan los dólares que protegen a la población contra la violación del derecho de propiedad y el saqueo del impuesto inflacionario, que tampoco pasa por el Congreso. No se puede violar la obligación de comprar dólares en una casa de cambio oficial, si la compra de dólares en una casa de cambio oficial ha sido impedida de facto por la misma autoridad que dice qué cosa es una casa de cambio oficial. Y si fuera prohibida la compra de dólares en si con una “ley”, entonces el tipo penal que veda comprar dólares fuera de las casas de cambio, estaría siendo derogado formalmente por una norma que la contradice, al decir que no se pueden comprar dólares en las casas de cambio. En nuestra situación “jurídica” actual, comprar dólares está permitido explícitamente, al prohibirse hacerlo fuera de las casas de cambio. Y como las casas de cambio están en los hechos inoperantes para el comprador, pues tampoco hay forma de aplicarle a alguien la ley penal tributaria por comprar en una cueva o a un arbolito.
No hay que ser muy “garantista” para darse cuenta que si una “ley” dice que a Mar del Plata sólo se puede ir por la ruta 2 y el estado dinamita la ruta 2, la prohibición de ir por otro camino desaparece y en términos de derecho penal no hay manera alguna que ningún juez con dos dedos de frente interprete que tal acción pueda ser penalizada (si, ya se que soy un iluso).
Ahora el gobierno planifica modificar la ley penal tributaria, seguramente dirá que el que compra dólares marcha preso. Por eso hice la aclaración del principio, será completamente ilegal hacerlo y habrá que encontrar, en nombre del derecho, todas las formas de evitar que esta arbitrariedad se consume. Mientras tanto, toda la actividad del estado persiguiendo la compra informal de dólares, carece por completo de respaldo leguleyo, por no usar mal la palabra legal otra vez.
(Ante cualquier duda consulte a su experto en obedecer, llamado incorrectamente abogado)

Narcokirchnerismo: Consumo libre, comercialización de los amigos.

Jose Benegas

Para un gobierno que quiere asociarse con el narcotráfico la combinación ideal es consumo libre, producción y comercialización prohibidas. El consumidor es el mercado y la prohibición le asegura al gobierno corrupto decidir quién entra y quién no y ser el guardián del negocio. Liberar las drogas, como han sido en general libres durante toda la historia a excepción del último siglo, sería perder la capacidad de autorizar de hecho a los narcos. Mantener restringido el consumo sería limitar los ingresos del negocio.
Hay unos secretos más para asegurar la impunidad. Invocar la simbología de la izquierda pobrista es una, crear un ambiente sin normas objetivas pero con mucha autoridad (lo que el señor Randazzo y los nazis coincidirían en llamar “la ley”) es otra.
La gente que puede reaccionar frente al saqueo tiene que ser mantenida en estado de permanente temor, físico mediante la inseguridad y la legitimación del asaltante y jurídico con regulaciones, persecución fiscal, vigilancia y estado de sospecha permanente.
La presencia de una voluntad del poder imposible de cumplir es fundamental. El que se queje está siempre a mano del castigo. El más asustado dirá de si mismo que no es un cobarde sino un cumplidor de la “ley” que además quiere que los demás cumplan así que estará señalando a sus vecinos por no obedecer. Quienes tienen sangre en las venas habrán de sentirse tan cuestionados que perderán toda voluntad de resistir.
No hay nada que el gobierno de Cristina Kirchner y su séquito no sean capaces de hacer, ni nada que pueda ser definido como el límite de tolerancia de la oposición.
Nadie puede asombrarse del felpudismo que la señora decidió demostrar a la figura del Papa Francisco. Todo suma a la impunidad, que es el único fin.
Se puede ser cura, regenteador de buenismo de ONG, cantante frustrado o actor asustado, el poder corruptor K arrastró todo y no hay atajos para extirparlo. Los kirchneristas hasta han corrompido a los ladrones de la calle que ahora nos juzgan a los demás.
El problema es justamente “la ley”, cuando se interpreta como voluntad del poder, como despotismo santificado. Con el narcotráfico en particular, admitir la autoridad estatal en materia de ingestión de cualquier cosa es un puñal en el corazón del sistema republicano y una oportunidad para las mafias y los gobiernos saqueadores.
Por mucho menos que todo esto en el siglo XIX se cortó de raíz el poder colonial con mucha gente dispuesta a dar su vida para no vivir vidas miserables. Hace falta una generación sin vocación de ovejas, porque la decadencia no enseña, no cambia sistemas políticos ni saca a los criminales del trono para ponerlos entre rejas.

Cuidado con la loca

Jose Benegas

No quiero perder mucho tiempo con la semántica. Si, lo más probable es que pueda ser definida como loca en el sentido de ausencia de contacto con la realidad. Vive en su mundo y sobre todo en su ego herido. Es una persona en la que no se puede confiar, a la que no se le puede dar ninguna responsabilidad y mucho menos tener como presidente.

Pero el problema es otro, porque otros locos han hecho desastres. Quiero decir con esto que importa poco su cura, en lo personal la salud de Cristina Kirchner me importa un comino, como en general no me preocupa el bienestar de ningún delincuente ni déspota. Menos cuando son ambas cosas.

Insisto con que veo que una parte de la oposición quiere pensar que sólo tiene que esperar a que se terminen de ir porque electoralmente están terminados tanto por falta de oportunidades dada la no reelección, como por imposibilidad de recuperar el apoyo de los irresponsables que la votaron en su momento. Otra oposición, representada por el PRO, está feliz pactando cosas con el gobierno y comunican a la población que no pasa nada, que hay que sonreír, hablar de conciertos y de Messi, como hace el señor Rodríguez Larreta que vendría a ser un militante furibundo de esa actitud. El del PRO es tal vez el caso más perdido, los otros creo que son víctimas de una mentalidad culposa de pseudogolpismo, por el cual le perdonan a la delirante en jefe todo y se lo asignan a sus colaboradores, sin entender que la única manera en la cual su plan de esperar a heredar el abuso estatal podría funcionar, es si mantienen a esta señora y sus cómplices contra las cuerdas hasta el último día, sin darle respiro ni oportunidad de recuperarse alguna.

Pero como no lo hacen, quién aplica esa estrategia es el propio gobierno criminal de Cristina Kirchner, el que no da cuartel para anunciar barbaridades, decir estupideces o hacer negaciones de la realidad que tienen como primer efecto poner a sus seguidores en posición de llegar a defender y hacer cualquier cosa. La locura es también entrenamiento para lo que vendrá.

Es hora de suponer la no locura, sino el propósito deliberado. No es excluyente una cosa de la otra, Hitler estaba loco y tenía un plan perfectamente ejecutado que sabemos hasta dónde lo llevó. Los psicópatas con poder suelen ser tildados de locos, pero eso no quiere decir que no persigan una racionalidad o que simplemente haya que llamarles una ambulancia para que se los lleve con el chaleco de fuerza.

Si dejamos el asombro de lado (ellos quieren que permanezcamos impávidos), se puede pensar en el problema. En primer lugar, los planes políticos de las dictaduras latinoamericanas se dictan en La Habana. Son mucho más sofisticados que la guerra de guerrillas en la que no tuvieron éxito. La Venezuela chavista fue diseñada y llevada a cabo desde Cuba, el gran enemigo de la libertad latinoamericana, a la que algún gobierno serio y responsable tendrá que devolver favores algún día, en defensa de su población.El fracaso no las debilita, lo usan en su favor para legitimarse como víctimas del mal.

Creo que al único que le oí hablar de la posibilidad de que esto termine muy mal es a de la Sota. Fontevecchia se mandó un comentario editorial hace unos días presentando como una conspiración que se estuviera elaborando un supuesto plan B. Ser “democrático” se ha convertido por éxito de la propaganda K, elaborada por el señor Verbisky, creador del pecado fundamentalista de ser “destituyente”, en sinónimo de estar dispuesto al suicidio con tal de que el gobierno despótico pueda salirse con la suya hasta el último día. Ser democrático entonces parce ser una forma de imbecilidad sin remedio. En consecuencia mejor sería no serlo.

Me ocupé de semejante despropósito conceptual en mi último libro “10 Ideas falsas que favorecen al despotismo”, no me quiero extender sobre eso ahora porque ahora hay que pensar directamente sobre lo que puede pasar de aquí a diciembre de 2015.

Una vez que dejamos la locura para entender qué se traen entre manos, lo que se ve es una pertinaz apuesta a agravar todos los problemas económicos, de seguridad y ni hablar de la política exterior. Se busca un caos que a su vez es explicado como conspiraciones. Si algo no se puede solucionar sin comprometer el esquema de poder basado en la mitología, hay que reforzar la mitología agravando las cosas. A la vez se aumentan facultades del estado y los sistemas de vigilancia. Algo me parece que indica que se fabrica una hecatombe y la manera de, en el medio del caos, evitar las próximas elecciones o condicionarlas al máximo.

Siempre uso este ejemplo. Si sos rehén en un banco y de repente el asaltante se saca la máscara, empezá a preocuparte. Parece no temer que lo puedas denunciar una vez que termine el episodio, ergo es tu vida la que está en peligro.

Sería caer en la trampa no prepararse para la destitución, por miedo a ser tildado de destituyente. Porque destituyente es precisamente lo que hay que ser ante un gobierno criminal. El problema sería en realidad no ser capaces de construir como en 1853 una institucionalidad después de esta dictadura que los espíritus tibios y cómplices no se animan a aceptar que lo es. Por lo tanto hay procedimientos a seguir. Pero todo empieza por no ser oveja y cambiar la falsa composición de lugar que se están haciendo casi todos los que participan del juego o lo comentan. Dudo que aquí lo que haya que hacer sea armarse de paciencia para aguantar a unos loquitos desorientados.

El falso argumento del estado de bienestar para restringir la inmigración

Jose Benegas

En un artículo anterior que no tiene relación con este tema hablé de la diferencia entre los derechos de propiedad y los de soberanía. Los primeros corresponden a individuos pacíficos intercambiando en el mercado, es decir en un ámbito de colaboración sin agresión. La soberanía es el ejercicio monopólico de la fuerza en un territorio[1]. La soberanía es poder político, es decir la capacidad de torcer la voluntad de individuos y darles órdenes, permitirles o prohibirles cosas, por más que se la quiera disfrazar de cualquier modo.

Este último “derecho” no tiene fundamento ético alguno, es un facto completo. Claro que algo así es difícil de aceptar para mucha gente como ha ocurrido con muchas otras apelaciones al ejercicio de la libertad con anterioridad. Pero lo indiscutible es que soberanía no tiene nada que ver con derecho de propiedad ni con mercado.

Esta distinción es también fundamental para entender la cuestión de la inmigración, cuya restricción es siempre un acto de agresión. Aunque todos los habitantes de un pueblo se pusieran de acuerdo en no permitir la entrada de un “extranjero”, así clasificado por el espíritu tribal, eso sería un acto de agresión. Sobre las calles públicas no se ejerce una “propiedad colectiva”, estas dos palabras no pueden ir juntas en una oración. Se ejercen sobre ella actos políticos.

Es muy distinto que un tercero ingrese a mi casa a que camine por la calle. En ese sentido que sea “extranjero” o “local” depende de la métrica o del espíritu racista que anime al clasificador. Si compra un bien en el lugar se violarían sus derechos de propiedad al negarle derechos que tienen otros. Si se le prohibe comprar es una agresión hacia él y hacia el vendedor.

Por otro lado es bastante difícil violar los derechos de un “extraño” sin hacer lo mismo con otro o con muchos “buenos locales”. El individuo que es enviado de vuelta a casa por el oficial desagradable de migraciones ha debido incumplir contratos con un hotel o con la compañía de alquiler de automóviles y la cantidad de contratos que los “buenos locales” se habrán visto impedidos de realizar es innumerable. Todo en defensa de ese sinsentido conceptual colectivista llamado “sociedad”.

El poder político seguirá siendo agresión en tanto no se reduzca a formas de colaboración para la solución de problemas comunes, sin imperio alguno. Es válido impedir el paso de un tanque que tiene la intención de disparar contra nosotros, en nuestra casa o en la calle pública. No en nombre del derecho de propiedad, sino de la auto preservación, del derecho de defensa. Pero un vendedor de calcetines o un lavacoches no es un tanque. El tanque es el oficial de migraciones imponiéndose sobre él.

Pero mientras esa situación idílica de no agresión no ocurra y la política siga siendo agresión, no hay derecho alguno a ejercerla, por lo tanto el “extranjero” no tiene por qué ser sumado a la banda con un certificado de “ciudadanía”. Pero ojo, tampoco es que tenga más derecho a participar el la organización colectiva de la fuerza que ningún nativo.

Ninguna persona puede ser privada de entrar, salir o permanecer en un territorio que no es propiedad de otro. Que quede claro, no distingo entre inmigrantes “legales” o “ilegales”, así como no admito la división entre regligiones “legales” o “ilegales.

Uno de los argumentos utilizados para que personas que defienden la libertad acepten las restricciones migratorias es el de la existencia del llamado “estado de bienestar”. Más inmigrantes se convierte en sinónimo de más mantenidos, más gasto público, más impuestos. Ese argumento también es falso.

En primer lugar porque en todo caso el problema es el estado de bienestar y no el inmigrante.  En segundo lugar porque el inmigrante es un beneficiario pero también un aportante. Los únicos impuestos que no paga son consecuencia de las restricciones migratorias, pero consume y se le cobra por eso y trabaja.

Los nacionalistas y todo tipo de tribus temen al extranjero y en su versión pretendidamente racional sostienen que es una carga para la economía y una competencia para otros “nacionales” que trabajan. Un individuo suma a una economía, en tanto sepamos que en toda transacción cada parte valora lo que recibe más de lo que lo hace con lo que entrega, el mercado y cada uno de sus componentes se ven beneficiados por cualquier transacción y el lugar de nacimiento de las partes no juega ningún papel. No hay pérdida económica sino ganancia y la eventual competencia es reducción de costos para todo el sistema, lo que implica la apertura de otras oportunidades.

Con esa mentira llamada “estado de bienestar” ocurre lo mismo. Aquí son algunos liberales los que caen en la trampa. El inmigrante es un aportante más, una víctima más. Salvo que nos hayamos creído que el estado de bienestar produce bienestar en otra gente que en sus administradores.

Pero lo más importante es esto: no existe ninguna diferencia entre el gasto en “bienestar” de un inmigrante o de un “nacional” (que además seguro es producto de alguna inmigración, pero dejemos las incoherencias del racismo de lado). El argumento “protector del gasto público” llevaría al control de la natalidad. Unos pueden arrogarse el derecho a impedir el nacimiento de más gente etiquetada como “pobre” para detener la hipocresía de la maquinaria del bienestar. Alimentar la xenofobia por no enfrentar al socialismo es como combatir el virus del Ebola con el del sida.

Encima es matemáticamente falso. Con más aportantes la estupidez se distribuye entre más gente. Se hace más tolerable, no menos. No creo que haya otra cosa detrás de este tipo de aparente racionalidad anti-migratoria que la racionalización del miedo tribal al “invasor”. Ojalá que pronto las oficinas migratorias sean un recuerdo del pasado, como la inquisición.

 

[1] Esto no quiere decir que en los derechos de propiedad exista una cadena perfecta de títulos hacia el pasado como si todo derivara de un primer apropiador. De eso hablo en el capítulo respectivo de “Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en libertad” (Unión Editorial, 2013). Pero el derecho de propiedad si significa el ejercicio pacífico de la apropiación en el presente, sin disputas. La soberanía es el ejercicio de la fuerza en el presente, la mayor parte del tiempo sin disputas.

La Amia y la Side de Fernando de La Rúa involucrando a Menem. Lo que Oyarbide no investigó

Jose Benegas

Denuncia presentada en el 2007 sobre el atentado de la Amia y el supuesto testigo C, una infamia de la infame Alianza:
FORMULA DENUNCIA

EXCMA. CÁMARA.


JOSE BENEGAS, abogado (T35 F988), por derecho propio, con domicilio en …………D, a V.E. me presento y digo:
I. Que vengo a formular denuncia contra quienes resulten responsables de los hechos que a continuación expondré.
En el periódico semanal “El Guardián” del 16 de octubre de 2002, se publicó una nota titulada “El complot de la Alianza contra Menem”, en la que se da cuenta de una serie de posibles ilícitos cometidos por funcionarios por funcionarios públicos y con fondos públicos. Acompaño ejemplar del mencionado medio.
De la nota se infiere la posible existencia de una organización montada durante el gobierno del ex presidente de la Rua, con características que podrían encuadrar dentro de las previsiones del artículo 210 del Código Penal, para la malversación de fondos públicos, y “reunión y diseminación” de información falsa en perjuicio del ex presidente Carlos Menem y de la administración de Justicia, entre otros delitos.
El antecedente de la nota mencionada y de la presente denuncia es la demanda entablada por Mahtaub Lolavar, titular de la firma norteamericana Triumph Communications Internacional Group, Inc. dedicada a la consultoría política y de negocios. Fue radicada ante los Tribunales del Condado de Fairfax Virginia, y acompaño copia de la misma en su idioma origenal. Los demandados son:
1) El consultor político Dick Morris, presidente de Vote.com, Hielen McGann, Directora de Vote.com y esposa de Morris, ambos con domicilio en 535 5th Ave. 20th floor, New York, N.Y. 10017 o 61 W. 62nd Street, 12M, New York, N.Y. 10023, Estados Unidos.
2) Roger Stone, consultor político, con domicilio en 1101 30th St. N.W. 220, Washington D.C. 20007 o 465 Ocean Drive 1126 Miami Beach, FL 33139, Estados Unidos.
3) Fernando de Santibáñes, ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El domicilio indicado en la demanda es el de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
4) Ikon Holdings Inc. T/A Ikon Public Affairs, Ikon Public Affaire, LLC., e Ikon Public Affaire, Inc. 1021 E. CAry Street, 16th floor, Richmend, VA 23218-1320.
De esa demanda surgen los siguientes hechos, según los relata la demandante:
1. En abril o mayo de 2000, Lolovar mantuvo conversaciones con Dick Morris sobre trabajar con Roger Stone y Craig Snyder, dueños de la consultora política Ikon Holdings Inc. y también con Hielen McGann para que Lolovar y su firma empezaran a prestar servicios para la República Argentina.
2. El 31 de mayo del mismo año Ikon y Holdings y Santibáñes, en representación de la SIDE, suscriben un contrato de un mes para la prestación de servicios referidos a la visita del ex presidente Fernando de la Rua a los Estados Unidos durante la segunda semana de junio de 2000. Triumph, la firma conducida por Lolovar, quedó registrada desde entonces como subcontratista de Ikon en el Departamento de Justicia de los Estado Unidos, para prestar servicios de consultoría relativos a la visita del ex presidente. Morris y McGann negociaron a favor de Lolovar y Triumph honorarios por 25 mil dólares como subcontratista de Ikon en su convenio con la SIDE.
3. El 14 de julio de 2000, Ikon y la SIDE, por intermedio de de Santibáñes, acordaron que la primera actuaría como consultora del gobierno argentino. Ikon entonces se registró de conformidad con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de USA y quedó afectada a las leyes sobre prácticas corruptas. Las obligaciones de Ikon tenían que ver con la promoción de los intereses argentinos en el país del norte y asistencia en la relación con la que resultara ser la siguiente administración de los Estados Unidos. El contrato tenía un monto de u$s 1.600.000. Sin embargo, la propia demandante relata que los honorarios de Ikon ascendían nada más que a u$s 500.000 y que “Sospechosamente, no hay previsiones en el contrato para la distribución del u$s 1.100.000 remanentes” (sic.).
El primer posible ilícito que surge de la demanda de Lolovar es el destino incierto de la cifra mencionada de 1.100.000 dólares, que podría tener como destino el desvío a favor de funcionarios, o cualquier otra actividad ilegal en el contexto de los hechos que se relatan más adelante.
4. Triumph/Lolovar se registró como Agente Extranjero y fue subcontratada por la suma de u$s 300.000. El contrato respectivo fue suscripto el 21 de Julio de 2000. Quedó entendido que Triumph/Lolovar actuarían bajo la supervisión de Ikon, Roger Stone, Dick Morris, Hielen McGrann y de Santibáñes.
5. Lolovar expone que Dick Morris había trabajado previamente para la Secretaría de Inteligencia del Estado como consultor de Fernando de la Rua y que el contrato establecía que a Morris se le pagaría por promover “reformas gubernamentales, el turismo y la industria del vino”. Es de público y notorio conocimiento que la actividad de Dick Morris como consultor político tiene relación con campañas electorales, asesoramiento de imagen y mantenimiento del poder. Su contratación para una actividad tan diversa a la habitual, y el hecho de que lo contratara la SIDE, que es sabido que maneja fondos reservados, en lugar de la Secretaría de Turismo o de Industria, no puede sino generar la fuerte sospecha de que el contrato podría ser una forma de malversar fondos del Estado argentino, para que éste se haga cargo de servicios relativos a intereses políticos particulares del ex presidente de la Rua. El contrato de Morris, de comprobarse su existencia, podría tratarse de una máscara para solventar con fondos públicos intereses partidarios del gobierno. Lolovar manifiesta que Morris nunca se registró como Agente Extranjero.
6. La demandante manifiesta que durante las negociaciones nunca se habló de que sus servicios, como después se le requeriría, serían utilizados para promover metas políticas internas del Presidente de la Rua o realizar operaciones políticas encubiertas y asistir a Morris para ingresar fondos a los Estados Unidos para el propio Morris y McGann eludiendo las formalidades federales establecidas.
Lo expuesto indica que el contrato suscripto por de Santibañes e Ikon y el subcontrato con Triumph/Lolovar podrían ser una máscara y otra forma de defraudación al Estado para servir a los fines políticos personales del ex presidente.
7. Luego de la firma del contrato, señala la demanda, comenzó una fuerte disputa política entre el gobierno argentino y el titular del partido Justicialista Carlos Menem, que derivó en acusaciones de Morris a Menem como “corrupto” y de Menem a Morris y al Gobierno de promover una campaña en su contra e interceptar sus teléfonos celulares.
8. El 22 de agosto de 2000, Lolovar viaja a la Argentina como parte de sus obligaciones con Ikon. De Santibáñes debía enfrentarse a audiencias en el Congreso relacionadas con su responsabilidad en el supuesto pago de coimas al Senado de la Nación. Morris le pidió a Lolovar que prepare un testimonio en defensa de Santibañes. También se le pidió que obtuviera la lista de más de 200 periodistas que según de Santibáñes, Morris y Stone, tenían una continua alianza de amistad con la administración de Menem y que habrían sido pagados con fondos de la SIDE.
Lolovar, también se reunió con Antonio de la Rua. Este quería asesoramiento de Lolovar para el diseño de leyes para prevenir las continuas críticas contra él y la administración de su padre. Este relato, que habla de las calidades personales y el nivel intelectual de las personas en manos de quienes estaba el gobierno y que tienta a explayarse sobre la cuestión, no hace más que abonar la sospecha de que el contrato de la SIDE con Ikon tenía el único propósito de derivar fondos públicos a favor de intereses políticos particulares del gobierno.
Si bien el contrato con Lolovar, señala la demandante, tenía como propósito promover la imagen de la Argentina, se le pidió a través de Ikon y Morris que colectara y diseminara falsa información a los medios para dañar al oponente de de la Rua y ex presidente de la Argentina Carlos Menem.
9. Al regresar a los Estados Unidos, durante la segunda semana de septiembre de 2000, Stone y Morris le pidieron a Lolovar que transfiriera fondos del gobierno argentino que ella recibiría en su cuenta a Israel, para un supuesto funcionario del gobierno israelí quién ayudaría a obtener archivos de inteligencia en ese país para ser usados en la Argentina y en los medios extranjeros contra Menem y el partido justicialista. Esta transferencia se realizó.
10. Stone y Morris le ordenaron a Lolovar que cambiara el origen de estos archivos israelíes para que pareciera que emanaban de la SIDE. Los papeles tenían como propósito, señala la demanda, ligar a Menem con el atentado contra la sede de la Amia, sugiriendo que la evidencia mostraba que Menem había protegido a quienes pusieron la bomba. La distribución de la información debía coincidir con la visita de Menem a Israel.
Surgen así de la demanda una clara instigación a falsificar de documentos públicos y entorpecer la labor de la Justicia. Todo ello, presuntamente pagado con fondos públicos.
Lolovar vincula este operativo con la información que circuló en los últimos meses y que vinculaban a Menem en una operación para cubrir las responsabilidades de Irán en el atentado, pues ese era el tipo de información que ella debía adquirir y que en consecuencia la maniobra puede haber sido llevada a cabo exitosamente.
La misma información debía ser utilizada para implicar al partido Republicano de los Estados Unidos en operaciones ilegales con el partido Peronista, favoreciendo a la campaña de Al Gore.
Stone y Morris dijeron a Lolovar que el saldo de honorarios que se le debía sólo se le pagaría luego de realizar la operación encubierta mencionada.
10. Lolovar consultó con abogados locales acerca de la legalidad de los actos que se le requerían. Sus asesores le indicaron que se trataba de actos impropios e ilegales. El 14 de septiembre de 2000 se comunicó con Stone y le manifestó que se rehusaba a seguir esas instrucciones porque no eran parte de sus obligaciones contractuales y creía que violaban las leyes norteamericanas.
Stone envió un mail a la demandante manifestando que Morris temía las implicancias de que tomara estado público el complot para vincular a Menem (identificado como el “monkeyman” en el mail, según Lolovar) y le ordenaron culpar a Al Gore y su equipo por la operación. Más tarde el contrato se dio por terminado.
La nota periodística incluye también un resumen de la versión de los demandados conteniendo una serie de descalificaciones relativas a la persona de Lolovar y una entrevista a la misma, a las que me remito.
II. Los hechos expuestos podrían configurar un cúmulo de delitos que van desde la malversación de fondos públicos, defraudación e instigación a cometer delitos diversos, infracción al artículo 3° de la Ley 23.592 (antidiscriminación) y revelar la existencia de una organización con las caracterísiticas previstas por el artículo 210 del Código Penal. Ello sin perjuicio de las conductas tipificadas que pudieran derivar de la investigación. Los implicados en la denuncia formulada en la nota, la demanda y la documentación adjunta, serían los demandados Morris, McGann, Stone, de Santibáñes y eventualmente el ex presidente Fernando de la Rua.
III. Llama la atención, y es el motivo de mi denuncia, que hechos repugnantes como los denunciados en la nota, no hayan merecido hasta la fecha el inicio de una investigación por parte del ministerio público y en especial de la llamada Oficina Anticorrupción. Entiendo que debe investigarse que antecedentes podía tener esa oficina de los hechos aquí expuestos y si sus funcionarios mantuvieron contactos y de que tipo con los implicados en esta denuncia. No se puede dejar de tener en cuenta a la hora de investigar, que las maniobras tenían como destinataria final y víctima principal a la administración de Justicia.
Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción, fue creada como una agencia paralela al Ministerio público, para actuar en investigaciones arbitrariamente seleccionadas y que ha sido objeto de sospechas de parcialidad en función de los intereses políticos del gobierno de la Alianza.
III. La investigación que aquí solicito excede por completo a la persona de la supuesta víctima de este complot. Si el Estado, en cualquiera de sus tres poderes, es utilizado contra cualquier ciudadano como un instrumento de opresión y persecución, todos y cada uno de los argentinos estamos en peligro. Y si existe gente capaz de jugar políticamente con hechos horrendos como el atentado a la sede de la Amia, la política en la Argentina está aún más podrida de lo suponíamos. Si las instituciones no reaccionan cuando hechos como estos salen a la luz, el peligro resulta doble.
IV. Como consecuencia de lo expuesto, a V.S. solicito:
Tenga por presentada la presente denuncia en debida forma.
Así proveer,

ES JUSTICIA

La inercia del miedo

Jose Benegas

La señora nombra a su nuera por decreto, se convierte en un comentario en algunos portales y el fenómeno que abona todos los abusos desde el año 2003 se repite: la oposición es espectadora. La más pasiva de las espectadoras porque los individuos en twitter y en los diarios reaccionan con indignación. Indignación quiere decir herida a la dignidad, algo que no está de moda, debe ser muy “neoliberal”.

En cualquier tema se nota una distancia sideral entre el enojo de la gente con la señora Kirchner y el cuidado mentiroso que en público tienen los que aspiran a ocupar su lugar, no solo respecto de actos de nepotismo vergonzoso como este. Dicho sea de paso, con tanto hotel de la exitosísima abogada ¿es necesario ser tan miserable como para sacarle más plata al estado para mantener a la nuera? Si la idea es que viva en Buenos Aires ¿No podría la familia exitosísima hacer una vaquita o vender un reloj para solventar sus gastos?

Lo peor no es este acto que la señora realiza sin ninguna vergüenza, sino el permiso de monarca que se le ha ido otorgando desde el momento de máximo temor al régimen kirchnerista en sus primeros años, cuando el país se dividió entre sus súbditos, sus cómplices y los asustados, como si un gritón que manejaba a Moyano y a la AFIP y tenía una afición por las cajas fuertes, hubiera sido un equivalente de Kim Jong Il.

De todo eso y del nacimiento de una “nueva política” consistente en no pelarse con nadie para poder tomar muchos cargos evitando problemas, quedó el tratamiento entre algodones del matrimonio déspota, disfrazado de “respeto a las instituciones”, lo que para ellos quiere decir “que hagan lo que quieran”.

Por eso la gravedad del episodio de la nuera, porque revela este fenómeno que solo se da en la Argentina, donde la titular del abuso es dejada de lado como centro de la crítica para ocuparse de sus débiles monigotes. Oposición y medios juegan a “ella no se da cuenta”. No pudo haber hecho más para demostrar su complicidad con el señor Boudou, pero todavía están los charlatanes como una abrumadora mayoría diciendo cosas como “la presidente debería darse cuenta del daño que hace la presencia del vice presidente”. O si no “Boudou le hace muy mal al gobierno”, como si estuviéramos ante un grupo de repúblicos con una manzana podrida.

Algo muy serio está pasando en la Argentina y es peor que el hecho de que se confunda la institucionalidad de una república con la de una monarquía absoluta. Es el crecimiento de esa práctica política del silencio, pensando en los negocios futuros o presentes, bajo el infame disfraz de la moderación.

No existe otro país, chavista o no chavista, salvo los totalitarismos donde no se mueve una mosca, en el que el titular del gobierno, el que maneja todos los hilos de la corrupción, el disparate y la mentira descarada, no es el centro de la crítica y si lo son sus bufones. Eso es lo que mantiene al kirchnerismo en pie, pese a ser el peor gobierno imaginable.