En un artículo anterior que no tiene relación con este tema hablé de la diferencia entre los derechos de propiedad y los de soberanía. Los primeros corresponden a individuos pacíficos intercambiando en el mercado, es decir en un ámbito de colaboración sin agresión. La soberanía es el ejercicio monopólico de la fuerza en un territorio[1]. La soberanía es poder político, es decir la capacidad de torcer la voluntad de individuos y darles órdenes, permitirles o prohibirles cosas, por más que se la quiera disfrazar de cualquier modo.
Este último “derecho” no tiene fundamento ético alguno, es un facto completo. Claro que algo así es difícil de aceptar para mucha gente como ha ocurrido con muchas otras apelaciones al ejercicio de la libertad con anterioridad. Pero lo indiscutible es que soberanía no tiene nada que ver con derecho de propiedad ni con mercado.
Esta distinción es también fundamental para entender la cuestión de la inmigración, cuya restricción es siempre un acto de agresión. Aunque todos los habitantes de un pueblo se pusieran de acuerdo en no permitir la entrada de un “extranjero”, así clasificado por el espíritu tribal, eso sería un acto de agresión. Sobre las calles públicas no se ejerce una “propiedad colectiva”, estas dos palabras no pueden ir juntas en una oración. Se ejercen sobre ella actos políticos.
Es muy distinto que un tercero ingrese a mi casa a que camine por la calle. En ese sentido que sea “extranjero” o “local” depende de la métrica o del espíritu racista que anime al clasificador. Si compra un bien en el lugar se violarían sus derechos de propiedad al negarle derechos que tienen otros. Si se le prohibe comprar es una agresión hacia él y hacia el vendedor.
Por otro lado es bastante difícil violar los derechos de un “extraño” sin hacer lo mismo con otro o con muchos “buenos locales”. El individuo que es enviado de vuelta a casa por el oficial desagradable de migraciones ha debido incumplir contratos con un hotel o con la compañía de alquiler de automóviles y la cantidad de contratos que los “buenos locales” se habrán visto impedidos de realizar es innumerable. Todo en defensa de ese sinsentido conceptual colectivista llamado “sociedad”.
El poder político seguirá siendo agresión en tanto no se reduzca a formas de colaboración para la solución de problemas comunes, sin imperio alguno. Es válido impedir el paso de un tanque que tiene la intención de disparar contra nosotros, en nuestra casa o en la calle pública. No en nombre del derecho de propiedad, sino de la auto preservación, del derecho de defensa. Pero un vendedor de calcetines o un lavacoches no es un tanque. El tanque es el oficial de migraciones imponiéndose sobre él.
Pero mientras esa situación idílica de no agresión no ocurra y la política siga siendo agresión, no hay derecho alguno a ejercerla, por lo tanto el “extranjero” no tiene por qué ser sumado a la banda con un certificado de “ciudadanía”. Pero ojo, tampoco es que tenga más derecho a participar el la organización colectiva de la fuerza que ningún nativo.
Ninguna persona puede ser privada de entrar, salir o permanecer en un territorio que no es propiedad de otro. Que quede claro, no distingo entre inmigrantes “legales” o “ilegales”, así como no admito la división entre regligiones “legales” o “ilegales.
Uno de los argumentos utilizados para que personas que defienden la libertad acepten las restricciones migratorias es el de la existencia del llamado “estado de bienestar”. Más inmigrantes se convierte en sinónimo de más mantenidos, más gasto público, más impuestos. Ese argumento también es falso.
En primer lugar porque en todo caso el problema es el estado de bienestar y no el inmigrante. En segundo lugar porque el inmigrante es un beneficiario pero también un aportante. Los únicos impuestos que no paga son consecuencia de las restricciones migratorias, pero consume y se le cobra por eso y trabaja.
Los nacionalistas y todo tipo de tribus temen al extranjero y en su versión pretendidamente racional sostienen que es una carga para la economía y una competencia para otros “nacionales” que trabajan. Un individuo suma a una economía, en tanto sepamos que en toda transacción cada parte valora lo que recibe más de lo que lo hace con lo que entrega, el mercado y cada uno de sus componentes se ven beneficiados por cualquier transacción y el lugar de nacimiento de las partes no juega ningún papel. No hay pérdida económica sino ganancia y la eventual competencia es reducción de costos para todo el sistema, lo que implica la apertura de otras oportunidades.
Con esa mentira llamada “estado de bienestar” ocurre lo mismo. Aquí son algunos liberales los que caen en la trampa. El inmigrante es un aportante más, una víctima más. Salvo que nos hayamos creído que el estado de bienestar produce bienestar en otra gente que en sus administradores.
Pero lo más importante es esto: no existe ninguna diferencia entre el gasto en “bienestar” de un inmigrante o de un “nacional” (que además seguro es producto de alguna inmigración, pero dejemos las incoherencias del racismo de lado). El argumento “protector del gasto público” llevaría al control de la natalidad. Unos pueden arrogarse el derecho a impedir el nacimiento de más gente etiquetada como “pobre” para detener la hipocresía de la maquinaria del bienestar. Alimentar la xenofobia por no enfrentar al socialismo es como combatir el virus del Ebola con el del sida.
Encima es matemáticamente falso. Con más aportantes la estupidez se distribuye entre más gente. Se hace más tolerable, no menos. No creo que haya otra cosa detrás de este tipo de aparente racionalidad anti-migratoria que la racionalización del miedo tribal al “invasor”. Ojalá que pronto las oficinas migratorias sean un recuerdo del pasado, como la inquisición.
[1] Esto no quiere decir que en los derechos de propiedad exista una cadena perfecta de títulos hacia el pasado como si todo derivara de un primer apropiador. De eso hablo en el capítulo respectivo de “Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en libertad” (Unión Editorial, 2013). Pero el derecho de propiedad si significa el ejercicio pacífico de la apropiación en el presente, sin disputas. La soberanía es el ejercicio de la fuerza en el presente, la mayor parte del tiempo sin disputas.
