Mayra Mendoza, maestra de una escuela de Santiago Atiltán, Sololá, aseguró que Marta Magdalena Ixbalán murió por falta de atención médica luego de que se regresara la ambulancia que la llevaba hacia la capital, trassufrir heridas tras caer del segundo nivel de su vivienda. Mendoza contó que por la gravedad de las heridas la Ixbalán, madre de siete hijos, era trasladada a la capital; pero que por el bloqueo la regresaron y decidieron ir al hospital de Quetzaltenango. Empero, murió en el camino, cuando iban por Sololá. Emisoras Unidas reportó este suceso lamentable…y nadie más entre los medios tradicionales. En las redes sociales, sin embargo, la noticia se regó como pólvora.
En los medios de comunicación tradicionales tampoco has leído comentarios acerca de que Rigoberta Menchú llegó al lugar de los hechos, en Totonicapán, y se paseó por la locación recogiendo cascabillos y contaminando la escena. En los medios tradicionales viste la foto…pero, ¿quién se atrevió a comentarla? Cosa así sólo las ves en los nuevos medios y en las redes sociales.
Reitero lo que escribí el sábado pasado: La sangre de los muertos y heridos durante los acontecimientos del jueves en Totonicapán, cae en las manos de la “dirigencia popular” que organiza bloqueos e invasiones; y que lleva y trae a la gente para sus propósitos políticos. Urge, sin embargo, una investigación científica, técnica y objetiva que aporte luces sobre qué es exactamente lo que ocurrió en el kilómetro 170 de la Ruta Interamericana y quiénes fueron los responsables de aquellos acontecimientos dolorosos. Urge una investigación que no se base en los prejuicios ideológicos y políticos de ninguna de las partes interesadas.
Dicho lo anterior, y en el supuesto de que no hay tal cosa como un bloqueo, o una invasión pacíficos -y que esos actos constituyen violencia y agresión-<, debería estar claro que las autoridades tienen no sólo la facultad sino la obligación de despejar las vías (o ejecutar los desalojos) en protección de los derechos de las personas que están siendo víctimas del bloqueo, o de la invasión.
Siendo que los derechos, como el de manifestarse y el de petición, son derechos no-rivales (es decir que no rivalizan con otros como el de la libertad de locomoción), aquellos deben ser ejercidos sin violencia y sin afectar los derechos de terceros. No se vale argumentar que se está ejerciendo un derecho, cuando se están violando los derechos de otros.
Ahora bien…en ejercicio del Derecho y de la autoridad, la remoción de los bloqueadores y de los invasores debe hacerse de forma técnica. En casos de bloqueos y de invasiones, Inteligencia debe identificar a los dirigentes y negociadores profesionales deben tratar de resolver el asunto por las buenas -en un tiempo prudencial que no alargue ni aumente los costos (en vidas, tiempo y recursos) para las víctimas. La policía debe llegar con cañones de agua, balas de caucho y bombas lacrimógenas y disolver los bloqueos (o las invasiones) si los bloqueadores, o invasores persisten en violar los derechos de terceros.
Por cierto que, en medio de la tragedia, llama la atención la hipocresía de los embajadores que cuestionan el uso del Ejército en estos casos. Hipocresía que se hace evidente cuando nos enteramos de que Angela Merkel visitó Grecia y que para protegerla a ella y a su embajada -¡contra los manifestantes!- había 6,000 policías, incluyendo unidades antiterroristas y ¡francotiradores en los tejados! También llama la atención, dijo mi amiga MD, que si la manifestación de Totonicapán era pacífica, por qué es que las fotos publicadas en los diarios son tomadas no desde el lado de los manifestantes; sino del lado de las autoridades. ¿Qué les hubiera pasado a los periodistas si hubieran ido a tomar fotos desde el lado de los bloqueadores?
Dicho lo anterior, ¿qué bien puede hacer mandar un grupo de soldados -armados- a pararse y quedarse quietos, durante horas, frente a un bloqueo, o a una invasión? Imagínate la tensión que se va creando en esas circunstancias. Tensión que beneficia a los que necesitan mártires para llevar a cabo la revolución desde los movimientos sociales. Haz clic para escuchar un testimonio de lo angustiosas que pueden ser estas situaciones.
¿Cómo debe actuar la tropa si la dirigencia de los bloqueadores y los invasores los amenaza? ¿Cómo deben actuar los particulares si las turbas destruyen su propiedad -o los bienes que les han sido encomendados- o los toman?
Hay técnicas para lidiar con estas circunstancias; y las autoridades están obligadas a utilizar esas técnicas para conservar la autoridad.
Por cierto que en una sociedad que no esté bajo acoso, la vía sana y normal para que los ciudadanos resuelvan problemas políticos es la de sus representantes en el Congreso. ¿Dónde está y qué papel juegan los diputados de Totonicapán? ¿O cualquiera otro diputado? El problema de fondo es no sólo que la institución parlamentaria ha sido minada y pervertida; sino que hay que estar claros en cuanto a que lo que ocurrió en el kilómetro 170 está íntimamente relacionado con una dirigencia popular cuyo lema es: ¡La lucha sigue!
El liderazgo de los 48 cantones está en un enredo. Puede actuar responsablemente y buscar la solución de sus inquietudes por medios pacíficos e institucionales; o puede dejarse arrastrar por el camino por el que los están llevando los que al grito de ¡Estamos de frente!, siempre están en la retaguardia escondidos detrás de pañuelos.
A ellos, ni la señora Ixbalán, ni sus hijos, ni las otras víctimas de lo que organizaron en Totonicapán les importan. Lo que les importa es hacer la revolución desde los movimientos sociales.
Actualización: María Xicay Ratzán de Ajcabul, es el nombre de la persona que murió el día de los bloqueos en Totonicapán. Ella se resbaló al tender ropa en la terraza de su casa en Santiago, Atitlán. Los bomberos la trasladaron del hospital local al de Sololá debido a una fractura en su cráneo, pero no pudo pasar por la ruta Interamericana para llegar a su destino. Haz clic para escuchar una conversación con su hermano.
Según el diario noruego VG, investigadores del Instituto de Medicina Legal cosecharon sistemáticamente órganos entre 2001 y la primavera de 2014. Según el informe, los tejidos fueron cosechados de personas -con edades entre los 15 y los 85 años- que murieron de accidentes, enfermedades o por envenenamiento. Sin autorización de sus familiares.
