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t=()Los embajadores también criticaron la estrategia de diálogo para solucionar y evitar las manifestaciones.
La muerte de 8 campesinos, resultado del desbloqueo protagonizado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados el 4 de octubre, obligó a Otto Pérez Molina a participar en una reunión en Cancillería para informar al Cuerpo Diplomático.
La actividad la organizó el canciller, Harold Caballeros, quien el domingo convocó a: Adrián Zapata, comisionado presidencial para el Desarrollo Rural, Miguel Ángel Balcárcel, comisionado presidencial para el Diálogo, Antonio Arenales, secretario de la Paz, y al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para que junto al Presidente hablaran ante los embajadores.
Pese a que el Gobierno manifestó que la participación del Ejército es temporal, tanto los diplomáticos como los funcionarios coincidieron que no es conveniente usar soldados para disolver manifestaciones.
Para Zapata, las condiciones estructurales e históricas del país causan los conflictos sociales, pero calificó de impropio enfrentar esos problemas con represión. “Me parece absolutamente irracional usar al Ejército para controlar la conflictividad social. El Estado tiene la obligación legal de controlar los desórdenes, pero el Ejército no es la institución pertinente”, indicó. Según Arenales, la reforma a la Constitución regula el carácter temporal y extraordinario de los militares conforme a los Acuerdos de Paz.
Preocupa diálogo
Algunos de los embajadores expresaron preocupación por el sistema de diálogo implementado. También opinaron que debe evitarse la intervención de soldados en la seguridad pública.
Stella Zervoudaki, embajadora de la Unión Europea, comentó que hay una falta de diálogo proactivo y que es un problema complejo. Aseguró que van a colaborar tanto con la Presidencia como con los diferentes grupos. “El Gobierno nos ha dicho que el uso del Ejército es provisional, pero no creo que sea adecuado”, refirió.
Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), anunció que preparan un informe con observadores que viajaron a Totonicapán. “La Alta Comisionada ha recomendado que debería terminarse el apoyo de militares en tareas de seguridad pública lo más pronto posible. Es lamentable que una manifestación legítima de personas que reclaman derechos haya terminado con ocho muertos”, señaló. El OACNUDH buscará el fallo en la negociación que obligó a los pobladores a bloquear las carreteras la semana pasada.
El embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón, consideró que las fuerzas de seguridad son importantes para mantener el orden, pero no es el papel del Ejército interferir en esas situaciones.
“No es una guerra, ni un conflicto armado, es una manifestación donde se debe tener capacidad de manejarla”, criticó Eliahú López, representante de Israel. También comentó que los soldados no tienen la capacidad de mediar en conflictos sociales.
En tanto, Zapata aseguró que en el Gabinete el Ministerio de la Defensa ha pedido no participar en desalojos. Por la tarde el mandatario atendió al G4 y al Consejo Económico quienes, a diferencia de los diplomáticos, acudieron a Casa Presidencial para obtener la versión oficial del uso de la fuerza contra los manifestantes.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
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