Alentrar al sitio Web de la PNC, donde dice ¿Quiénes somos?, sale el siguiente mensaje: Quiénes somos… en construcción. ¿Es esta una Policía sin identidad?
Paré ahí porque quería usar el lema de la PNC como título de esta columna; pero no encontré nada como To Serve and to Protect. Todo esto en el contexto de que nos enteramos de que los habitantes de Guatemala por cada 6 agentes privados hay un policía estatal, según datos de 2008.
Tengo problemas con esta perspectiva: el primero, es que las llamadas policías privadas, no son policías en realidad. Sí son empresas que prestan seguridad; pero los “polis” privados no pueden perseguir delincuentes. Su misión es cuidar negocios, o a las personas que los contratan; y si presencian un acto delictivo, no están legalmente –ni contractualmente– facultados para intervenir. Es muy posible que no estén en condiciones físicas, ni psicológicas para proceder.
En las actuales condiciones regulatorias, los polis, como se les llama con algún grado de aprecio, pueden prestar servicios de seguridad específicos; pero si ocurre un asesinato en un edificio resguardado por polis estos no pueden realizar las investigaciones propias de los detectives y policías estatales. El segundo problema es que, ¿pueden, los PNC realizar las labores propias de una policía estatal? ¿Deberían?
Los fanáticos del estatismo no pueden pensar en que la Policía no sea gubernamental; pero, lo cierto, es que las fuerzas policiales, las fiscalías, e incluso las Cortes de justicia y las prisiones son de reciente aparición. Antes de que aquellas funciones fueran centralizadas y monopolizadas por intereses políticos, las comunidades locales y algunos sistemas privados se ocupaban de los asuntos que ahora creemos que son tareas exclusivas para los sistemas gubernamentales de justicia criminal. Esto lo aprendí de Bruce Benson, cuyos trabajos sobre el tema son muy recomendables*.
Lo que debería alarmarnos no es que haya 6 polis por cada agente estatal; y lo que sí debería pararnos los pelos es que no hayamos caído en cuenta de que, a lo mejor, es tiempo de acabar con la centralización y el monopolio del sistema de justicia criminal; y buscar otras opciones profesionales.
En la medida en que las sociedades se hacen más complejas, el tamaño, el costo y la creciente ineptitud de los sistemas centralizados y monopólicos están siendo cuestionados. Y deberían serlo más en sociedades como la nuestra donde todo está por hacerse.
* Más sobre este tema en Returning Justice to its Private Roots, por Andrew P. Morris, en The University of Chicago Law Review, Spring 2001, P. 551
Esta columna fue publicada en El Periódico.
