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t=() Efraín Ríos Mont | Luis Figueroa CARPE DIEM

Efraín Ríos Mont


29
jul 14

¡Con razón no les alcanza la plata…tu plata!

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Durante las administraciones del Frente Republicano Guatemalteco (el partido de Efraín Ríos Montt que llevó al poder a Alfonso Portillo, y que ahora se llama Partido Republicano Institucional) y de la Unidad Nacional de la Esperanza (la de Los Colom-Torres-Espada) ocurrieron desfalcos por Q1 mil 830 millones de recursos provenientes del presupuesto nacional, ¡de los cuales no hay rastro hasta la fecha!

Es tu pisto el que desaparecieron los funcionarios de aquellas dos administraciones; y así no hay plata que alcance.  Ninguna cantidad de impuestos va a ser suficiente…y ninguna cantidad de endeudamiento va a ser suficiente.  Impuestos y endeudamientos que pagarán tu, tus hijos, y los hijos, de los hijos, de los hijos de tus hijos. ¿Cómo se pueden perder casi Q2000 millones? Aaaaah, porque ese pisto es de todos, y como es de todos no es de nadie.  Aaaaaah, como a todos nos quitan poquitos, que no son poquitos, a nadie le importa mucho.  Aaaaah, porque esa plata te la quitan antes de que le veas la cara, te la quitan antes de que te den tu cheque de fin de mes…entonces….ni cuenta te das. Pero es tu plata, y te la quitan. Y luego los políticos y sus funcionarios ponen vallas con ciudadanos notables (como Aldo Castañeda) instándote a que pidas factura y pagues impuestos.  Si no estás indignado, es porque no estás poniendo atención; porque que no te digan, que no te cuenten…cuando te dicen que el dinero desapareció, no es que desapareciera, es que cambió de manos.

Ahora bien…¿no te da curiosidad saber cuánto se ha de estar perdiendo sin dejar rastro alguno con los pipoldermos? Digo, con tanta compra de emergencia, tanta compra fragmentada, y con ¡quién sabe que otras maniobras!  ¿Cómo te imaginas que van a ser los titulares dentro de cuatro, u ocho años?

Empieza a ahorrar, ahora, para pagar en lo que está desapareciendo en estos mismos momentos.

La ilustración la hizo una de mis estudiantes.


13
may 14

Los jueces que incumplen con sus deberes

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Los magistrados suplentes de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo Penal se sumaron a sus colegas de la salas Primera y Segunda del mismo ramo al excusarse de conocer el proceso de amnistía del general Efraín Ríos Montt, por lo que el expediente fue devuelto a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que nombre una nueva instancia.  Según el expediente enviado a la Secretaría de la CSJ, el argumento es que no se pudo integrar la Sala con ninguno de los 24 magistrados suplentes que fueron convocados. Aquel número se suma a los tres titulares y 60 suplentes de la Sala Primera; tres titulares de la Sala Segunda y los 24 antes mencionados de la Sala de Mayor Riesgo, que hacen un total de 93 inhibitorias.

Cabe la posibilidad de que muchos de los excusados e inhibidos hayan tomado la decisión de no involucrarse debido a las próximas elecciones de magistrados para la Corte de Apelaciones; y en ese caso sería evidente que los excusados e inhibidos están anteponiendo sus intereses políticos a las obligaciones propias de sus altas investiduras.

Cabe la posibilidad, también, de que muchos de los excusados e inhibidos hayan tomado la decisión de no involucrarse debido a…a…algo, o mucho de pusilanimidad; quizás motivada por los altos costos en los que incurren quienes se enfrentan a la aplanadora mediática y política de los grupos que -aún a costa de la justicia y del debido proceso- quieren condenar a Ríos Montt por el inexistente delito de genocidio.

En ambos casos, parece obvio que los excusados e inhibidos mejor deberían dedicarse a otras labores que no sean las de hacer justicia. De hecho, casi podría señalárseles de negación de justicia, o de incumplimiento de deberes por rehusarse a enfrentar sus responsabilidades judiciales.  ¿Puede decirse que son dignos de la investidura judicial personajes que no quieren conocer un caso porque afectaría sus intereses políticos, o quienes no quieren conocer un caso porque temen asumir la responsabilidad de hacerlo?

La ilustración es de Eurobas (Own work) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons


8
abr 14

Lo que llama la atención en el proceso de El aguacate

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El 22 de noviembre 1988 miembros de la Organización del Pueblo en Armas cometieron La masacre de El aguacate en la que fueron asesinados 22 campesinos guatemaltecos.  La Orpa era una de las organizaciones marxista-leninistas que integraban la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca e intentaban tomar el poder por la fuerza para instaurar un régimen de aquel corte ideológico.

Fermín Felipe Solano está siendo procesado como el supuesto guerrillero que lidereó aquella masacre, con el pseudónimo de David; y durante la diligencia de ayer estas son las cosas que me llamaron la atención basado en lo que reportó El periódico:

1. El Ministerio Público señala a un David y el comandante de David señala a David; el imputado dice que no es David.  Pero David es un pseudónimo.  Luego de todas las diligencias, ¿habrá forma de probar que David es el imputado? Este caso, ¿será un éxito, o un fracaso planificado por el Ministerio Público?

2. El comandante de David -Luis Antonio Santa Cruz Mendoza, cuyo pseudónimo era Comandante Santiago, o Pablo- ahondó en la masacre y justificó el hecho.  Dice que fue un pecado de guerra y un grave error que iba contra los principios filosóficos de la guerrilla; pero que muchos de los combatientes apoyaban la acción.  Entonces, era un grave error que iba contra los principios filosóficos de la guerrilla…pero muchos apoyaban la acción.  ¿Entonces?

3. Rodrigo Asturias -el comandante Gaspar Ilom y dirigente máximo de la Orpa- ordenó que David fuera fusilado.  ¿No te da como escalofríos cuando te enteras de que alguien puede ordenar que otro sea fusilado, así como así?

4. Solano afirma que el hijo de Pedro Palma Lau -excomandante guerrillero, asesor del Ministerio de Gobernación y ex diputado del Frente Republicano Guatemalteco (el partido de Efraín Ríos Mont) respondía al pseudónimo de David.  ¿Sabremos, alguna vez, quién era David? ¿Sabremos si tuvo que ver con El aguacate?

Por cierto…las víctimas de aquella masacre cometida por la Orpa murieron estranguladas, supuestamente para no ocasionar ruido. Los cadáveres sufrieron contusiones en los genitales y heridas punzocortantes en el tórax, mismas que presuntamente fueron hechas en vida.  O sea que fueron torturados.  Algunos tenían muestras de haber sido amarrados de las muñecas.

La ilustración muestra un comunicado de la Orpa en el que reporta un fusilamiento y actos de terrorismo.


7
abr 14

Yassmín Barrios y una sanción educadora

Imagen de previsualización de YouTube

En una sociedad caudillista, en la que la gente cree que el Presidente de la república debería mandar y en la que -tradicionalmente- se le enseña a la gente a obedecer, no es extraño que la gente esté más acostumbrada a la idea de que hay que respetar a las autoridades, más que a la idea de que las autoridades deben respetar a las personas.

Por eso es fascinante que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados  haya suspendido por un año como colegiada activa a la jueza galardonada Yassmín Barrios, por considerar que ella le faltó públicamente el respeto y humilló a su colega abogado, y defensor, Moisés Galindo, durante las audiencias por el caso Efraín Ríos Montt.  Aquella  instancia del CANG le impuso a Barrios una sanción económica de Q5,040. Galindo denunció a la jueza señalándola de actuar de forma antiética en el Tribunal.  Además, el Tribunal de Honor certificó lo conducente al Ministerio público por la posible comisión de los delitos de Resoluciónes violatorias a la Constitución, Abuso de autoridad y cualquier otro acto que pudiera ser tipificado como delito.

Uno puede cuestionar si los colegios profesionales son la mejor forma, o no, de controlar la calidad de sus afiliados obligados; pero como la Constitución así lo manda, a esas asociaciones les corresponde el control del  ejercicio profesional y la superación de sus miembros.

El vídeo que ilustra esta entrada muestra la actuación de Barrios.

El hecho de que Barrios sea una jueza premiada y el hecho de que goce del favor muchos grupos de interés nacionales e internacionales hace más significativa la sanción.  Quiere decir que un funcionario público -y un juez, en este caso- no está exento de respetar a la Constitución y las leyes y a los mandantes, ni siquiera si tiene patrocinadores importantes e influyentes.

En muchos ambientes no se cuestiona para nada el hecho de que como autoridad pública investida de potestad jurisdiccional para aplicar la ley y la legislación un juez deba ser respetado.  Empero, la autoridad formal de la que goza un juez, por haber sido investido como tal, debe ser acompañada por autoridad real.  Es decir, autoridad reconocida por aquellos sobre quienes va a ser ejercida.  Un juez objetivo, respetuoso, justo y que personifica las virtudes romanas de gravitas, integritas et dignitas cría fama de tal y se hace digno de respeto y merecimientos.  En cambio, un juez que se hace fama de otras cosas, y que demuestra otras actitudes, cría fama de tal y se hace merecedor de llamados de atención y sanciones.  No vaya a ser que actitudes  de irrespeto a los defensores -e incluso a los acusados- se vuelvan habituales en el juez sancionado, y en otros juzgadores.

Por cierto que un abogado defensor es el profesional que ejerce la defensa jurídica de una de las partes durante un proceso judicial.   El defensor tiene un rol importantísimo e indispensable en la administración de justicia.  En un estado de derecho y en una república sana el derecho a la defensa es es el que tiene toda persona individual, o jurídica ante los tribunales de justicia por los cargos que se le imputen. Los tribunales de justicia tienen la obligación de balancear los desequilibrios en las posiciones procesales de las partes; así como de  impedir que las limitaciones de alguna de ellas  puedan resultar en indefensión.

En una república sana el respeto entre mandantes y mandatarios es de dos vías.  Y en una república sana está claro quienes son los mandantes y quienes los mandatarios, así como por qué y para qué.  Por eso es que la sanción que recibió la jueza Barrios cumple una función educadora para tirios y troyanos.  Es, quizás, hasta un acto de paideia.

Actualización: Desde el momento en que una persona entra en la dignidad de “Juez” deja de ser “Abogado”, por el hecho mismo de que le está legalmente prohibido actuar como tal, dice el jurista Eduardo Mayora Alvarado; y la suya es la objeción más atinada que he leído.  Opino que puede que sí; pero, en todo caso, la idea de que los jueces no pueden faltarles el respeto a las partes procesales, ni a sus representantes es válida de explorar y discutir.


28
oct 13

¿Oscar Vian quiere justicia?

No puede quedar así, impune, el caso Rios Mont, dijo el dirigente católico Oscar Vian; y cuando leí la noticia pensé en cuáles son las principales causas por las cuales el caso Ríos Mont podría quedar impune.

La primera es porque el caso huele más a venganza que a búsqueda de justicia.  Hay grupos de interés -y muchos de ellos vinculados a la exguerrilla- que quieren desquitarse, a cualquier costo, por la derrota militar y política que les infringió el acusado.

La segunda es que en la busca de aquella venganza, los grupos interesados fabricaron un un caso de genocidio donde no cabe tipificar ese delito.  En su afán de buscar la cuadratura del círculo estos grupos construyeron un gigante con pies de barro que se desploma solito.

La tercera es que en su afán de conseguir sus propósitos los grupos interesados presentaron un desfile de testimonios que, aunque describían actos horribles y repugnantes de violencia, nunca lograron establecer un vínculo entre esos actos y el encartado.

La cuarta es que a los grupos interesados en la venganza no les importó violar los más elementales principios y garantías procesales.  Se confiaron y creyeron que -con el apoyo de sus aliados y simpatizantes- podían pasar sobre la ley.

Y la quinta es que el trato que se le da a la amnistía es el de un privilegio para ser disfrutado moralmente sólo por uno de los grupos combatientes en el enfrentamiento de 36 años, y no como un instrumento paz.

Cual boomerangs, aquellas cinco circunstancias se voltearon contra quienes maquinaron los procedimientos contra Ríos Mont y ahora, en vez de que se haga justicia, digamos que por los presuntos delitos de los que de verdad se podría acusar al General, todo se ha convertido en una lucha política que nada tiene que ver con una verdadera búsqueda de la justicia.

Por eso es que el clamor de Vian -aunque algo viciado- sirve de algo.  Sirve para meditar acerca de lo que es justicia y lo que es venganza; y acerca de si se puede hacer justicia con los dados cargados y a cualquier costo; y sobre si es cierto, o no, que el fin justifica los medios.


25
oct 13

Otra vez, en defensa del debido proceso

De mis clases de Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Penal I y II recuerdo que en los considerandos de una sentencia los jueces deben esclarecer los hechos, para de ahí establecer qué normas se les aplican e interpretar y fundamentar la razón de aquella aplicación.  Esa es la fundamentación jurídica de la sentencia.  Una sentencia, decían mis maestros, debía explicar con claridad inequívoca los motivos que los jueces habían tenido para fallar de la forma en que lo hacían.  Las sentencias, además,  deben ser congruentes; o sea que deben resolver  todas las cuestiones que hayan sido objeto  del proceso; pero nada más que aquello.  Los fundamentos de las resoluciones son muy importantes.

En aquellas enseñanzas he estado pensando desde que leí que la Sala Primera violó el derecho de defensa de Efraín Ríos Montt al no haber fundamentado adecuadamente una resolución previa con respecto a la posible aplicación de una amnistía para el acusado.

La Sala debió fundamentar su fallo, adecuadamente,  de acuerdo con lo que dice la ley; y si no lo hizo -por la razón que fuera- el afectado tiene derecho a exigir que lo haga.  Este derecho corresponde no sólo a la doctrina, sino a principios fundamentales y razonables del debido proceso.  ¿Cómo podría ser de otra forma?, especialmente en un proceso con elevadas cargas emocionales, ideológicas y políticas.  Si en condiciones normales las garantías procesales deberían ser respetadas sin excepciones,  en procesos muy cargados no se puede ser suficientemente puntilloso en cuanto a observar y respetar el debido proceso.  El debido proceso persigue la objetividad, y la objetividad garantiza la justicia.

A algunos observadores -y a algunas de las partes interesadas- les incomoda que tribunales superiores enmienden los procedimientos anómalos en los que han incurrido tribunales inferiores; pero sin estas enmiendas las sentencias no servirían a la justicia.  Posiblemente servirían a intereses creados -en el corto plazo-, pero no servirían a la justicia.

A todos los habitantes de la República nos interesa y conviene -en el mediano y largo plazo- que los tribunales respeten las garantías procesales siempre.  ¡Siempre!  Y nos conviene que sean enmendados los malos procedimientos, ¡siempre y para todos!


24
jul 13

A una década del “Jueves negro”

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¡Ala gran, ya pasaron 10 años desde el Jueves negro!

Hace una década, centenares de eferregistas fuera de control tomaron ayer calles y sectores de la capital. Con los rostros cubiertos y armados, con palos, piedras, machetes y armas de fuego exigieron la inscripción de José Efraín Ríos Montt, como candidato presidencial del FRG.

Los movimientos comenzaron desde la madrugada. Alrededor de 50 buses procedentes principalmente de Quiché, Totonicapán, Jalapa Jutiapa y las verapaces arribaron a la capital a las 5 de la mañana, con cientos de campesinos simpatizantes del Frente Republicano Guatemalteco y se dirigieron a puntos estratégicos de la ciudad.

Con días de antelación habían planificado que el Hipódromo del Norte, en la zona 2, la avenida de Las Américas, en la zona 13, y el Centro Cívico, serían los puntos donde se reunirían para iniciar las protestas a favor del caudillo eferregista.

La movilización obedecía a las palabras de Ríos Montt, quien el lunes 21 advirtió que si no era inscrito como candidato, era posible que perdiera el control de las bases del partido y se suscitaran actos de violencia.

“Estamos llegando a un punto que se pueden salir de control del Comité Ejecutivo algunas acciones de simpatizantes”, dijo ese día. Tres días más tarde cumplía la advertencia”.

Así reportó Prensa Libre los hechos del 24 de julio de 2003, fecha conocida en la Historia reciente de Guatemala como el Jueves Negro. En aquella ocasión perdió la vida el reportero Héctor Ramírez, cuando era perseguido por los revoltosos. Héctor fue mi compañero cuando yo trabajaba en el noticiario de televisión Aquí el mundo.

Ese jueves fue seguido por una jornada luctuosa que no debe ser confundida con los Viernes de Luto en los que los guatemaltecos protestabamos contra los abusos de la administración del FRG y del presidente Alfonso Portillo.

La foto la tomé desde la ventana del que era mi dormitorio. En ella se ve a los bochincheros, armados con palos para piochas, o hachas, de esos que venden en las ferreterías. Caminaban rumbo al Este sobre la 14 calle de la zona 10.

Durante su administración, Alvaro Santa Clos Colom invitó a su programa de televisión a un alcalde de Petén que advirtió acerca de la posible invasión de la capital con 400 mil peteneros para apoyar al Presdiente; amenaza que recordó al Jueves negro.  Colom soñaba con algún tipo de manifestacion masiva, extremo que mencionaba de cuando en cuando en su programa de propaganda televisiva.  En más de una ocasión Colom acudía a la amenaza de llevar acarreados para presionar y conseguir sus objetivos.


31
may 13

Para la Historia

Lástima que la información como está no se le da más difusión; por eso comparto párrafos de La venganza de la izquierda en Guatemala, publicado en The Wall Street Journal, por Mary O’Grady. La guerra de 36 años entre guerrillas comunistas y el Estado guatemalteco, que culminó con los acuerdos de paz de 1996, fue sangrienta y tortuosa. Ambos bandos cometieron atrocidades. Miles murieron. Los indígenas y los mestizos de zonas rurales sufrieron la mayor parte de la violencia.

No obstante, la afirmación de que el Estado guatemalteco, encabezado por el general [Ríos Montt], participó en el genocidio –es decir, el intento de destruir total o parcialmente a la población ixil o desplazarla– no está respaldada por los hechos. Al contrario, una atenta lectura de la historia sugiere que el general venció a las guerrillas al fortalecer a aquellos indígenas que no querían saber nada de las ideas de revolución… El juicio a Ríos Montt, 30 años después del hecho, es más un ejercicio de ajuste de cuentas de la izquierda internacional que una búsqueda de la verdad y la justicia.

La tragedia fue que la estrategia de la guerrilla había llevado la guerra a las tierras ixiles para usar a los civiles. Cuando el Ejército, empeñado en cortar de raíz el terrorismo, llegó después, la población se vio obligada a tomar partido o quedarse en medio del fuego cruzado.

En el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de numerosos indígenas que habían sido víctimas de la violencia. No obstante, sus historias no pudieron probar un genocidio. Ni pudieron hacerlo los ‘expertos’ de la fiscalía, en su mayoría extranjeros de convicciones izquierdistas que no fueron de hecho testigos de ningún presunto acto de genocidio. Fueron usados para sostener el argumento de la fiscalía de que la estrategia del Ejército ‘para exterminar’ a los subversivos equivalió a un intento de ‘exterminar’ la población ixil.

Muchas interpretaciones equivocadas de la historia son hechas de buena fe, pero otras no e igualmente tienen consecuencias; y como hay pocas cosas tan controversiales como la interpretación de los hechos históricos, le hacemos un bien al diálogo si conocemos la mayor cantidad posible de hechos.

Columna publicada en El periódico.


20
may 13

El supuesto genocidio, en “La Razón”

El artículo titulado Fidel y Ríos Montt, por Bertrand de La Grange, en La Razón, puedes leerlo en este enlace;  pero comparto contigo estos párrafos hoy que está por definirse este caso en el que se juegan el futuro del estado de derecho y de las garantías del debido proceso en Guatemala.

El general Ríos Montt y el comandante Fidel Castro tienen la misma edad, 86 años. El guatemalteco nació el 16 de junio de 1926, el cubano el 13 de agosto del mismo año. Ambos ejercieron el poder con mano de hierro y se les responsabiliza de la muerte de miles de seres humanos. Aquí terminan las similitudes…

…El tribunal no ha podido demostrar de manera fehaciente que hubo de parte del ex presidente “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, según la definición de genocidio acordada por la ONU. Pese a todo, Ríos Montt ha sido condenado bajo ese cargo, lo que abre la puerta a una anulación de la sentencia en apelación. Con esto ha quedado claro que se trató de un juicio político, plagado de irregularidades, bajo la batuta de una juez, Yassmín Barrios, que había dado sobradas pruebas de su parcialidad en casos anteriores…

Esa pantomima ha contado con la connivencia de Estados Unidos —también de varios gobiernos europeos, siempre animados por “buenas intenciones”—, que en otra época apoyó solapadamente la estrategia contrainsurgente de Guatemala y de sus vecinos para compensar la ayuda de la URSS y de Cuba a las guerrillas centroamericanas. Mucho antes, en 1954, la CIA había alentado el golpe militar contra el gobierno izquierdista de Jacobo Arbenz.

Hoy, Washington quiere borrar ese pasado vergonzoso, y se equivoca de nuevo. No es culpa de Obama. Todo empezó en tiempo de George W. Bush, a partir de 2001, cuando la embajada de EU en Guatemala se posicionó ostensiblemente a favor de la condena de tres militares en el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi. No había una sola prueba sólida, pero allí estaba la misma Yassmín Barrios y cumplió con los deseos de la comunidad internacional.


20
may 13

El caso de supuesto genocidio, en “The Wall Street Journal”

El artículo completo de Mary Anastasia O´Grady acerca del supuesto genocidio en Guatemala, titulado La venganza de la izquierda en Guatemala, puedes leerlo en este enlace.  Pero, mientras tanto te comparto unos párrafos:

La guerra de 36 años entre guerrillas comunistas y el Estado guatemalteco, que culminó con los acuerdos de paz de 1996, fue sangrienta y tortuosa. Ambos bandos cometieron atrocidades. Miles murieron. Los indígenas y los mestizos de zonas rurales sufrieron la mayor parte de la violencia.

No obstante, la afirmación de que el Estado guatemalteco, encabezado por el general, participó en el genocidio —es decir, el intento de destruir total o parcialmente a la población ixil o desplazarla— no está respaldada por los hechos. Al contrario, una atenta lectura de la historia sugiere que el general venció a las guerrillas al fortalecer a aquellos indígenas que no querían saber nada de las ideas de revolución de la clase media alta que les imponían. El juicio a Ríos Montt, 30 años después del hecho, es más un ejercicio de ajuste de cuentas de la izquierda internacional que una búsqueda de la verdad y la justicia…

…La tragedia fue que la estrategia de la guerrilla había llevado la guerra a las tierras ixiles para usar a los civiles. Cuando el ejército, empeñado en cortar de raíz el terrorismo, llegó después, la población se vio obligada a tomar partido o quedarse en medio del fuego cruzado. Por eso es que murieron tantos….

En el vídeo hay una conversación con O´Grady (en inglés)

Las preguntas que me hago, hoy que se definirá el futuro de este caso ominoso, son:

Si el que es juzgado es Ríos Montt y no el Estado, como dicen la exguerrilla y los promotores de estos procedimientos, ¿por qué es que todo el resarcimiento lo tienen que pagar los tributarios? ¿Por qué es que no solicitaron que Ríos Montt les pidiera perdón a los Ixiles?


17
may 13

Más que juicio es linchamiento

La exguerrilla y sus corifeos lo llaman el juicio del siglo; pero más bien es el linchamiento de lo que va del siglo. Me refiero a los procedimientos, por supuesto genocidio, contra Efraín Ríos Montt.

Si seguiste el proceso con atención te habrás dado cuenta de que el tribunal a cargo apresuró la sentencia, aunque había recursos pendientes de resolver y a pesar de que el procedimiento había sido anulado por una Corte superior. Confiados en que el apoyo internacional y mediático que reciben les permitiría hacer eso, con impunidad, los inquisidores se atrevieron a aquella monstruosidad que debería ser enmendada cuanto antes, si lo que se persigue es hacer justicia, y no solo satisfacer las demandas de una clientela vengativa y sedienta de totalitarismo.

La sed totalitaria se hizo evidente en esta semana cuando el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos demandó una ley mordaza para penalizar la discusión del genocidio. ¡Confirmado!, a nuestra oligarquía oenegera y de los derechos humanos le gustaría callar a los críticos de sus actuaciones. ¿Leíste que al acusado, de 87 años, el Tribunal le impidió leer su declaración y le ordenó que declarara de memoria? ¿No te inquietó ver la foto de la jueza levantando los brazos y saludando a su clientela que la aclamaba luego del veredicto? ¿Recuerdas que la jueza le impuso un defensor al acusado? Aquellos actos serían mal vistos en un juicio que no fuera político y en una sociedad que entendiera el valor del debido proceso. Pero, ¿serán ignorados, entre nosotros, porque se trata de linchar y de obtener venganza?

Ahora que estoy leyendo Pensar rápido, pensar despacio, por Daniel Kahneman, entiendo por qué es que la exguerrilla y sus corifeos mantienen la discusión de este asunto a niveles emocionales, cuando no logran silenciarla del todo. Cuando leas al respecto, no te dejes llevar por esloganes que producen respuestas automáticas y que requieren poco, o ningún esfuerzo. Pregúntate, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué es que cuando aquellos grupos hablan de genocidio, convenientemente, eliminan de la discusión el elemento intencional que tipifica aquel delito? ¿Para qué?

Columna publicada en El periódico.


8
may 13

Tribunal desafía a la ley y a la justicia

En abierto desafío a a ley, a amparos concedidos por tribunales superiores y a la justicia  el juicio contra los generales Efraín Ríos Montt y  José Mauricio Rodríguez, no se detendrá a pesar de un amparo que fue resuelto a favor de la defensa. El procedimiento judicial  quedó aplazado un día, decidió el Tribunal Primero A de Sentencia de Mayor Riesgo que descartó suspender el debate oral y público pese a que una Sala de Apelaciones amparó la víspera al abogado de Ríos Montt, quien expuso una ilegalidad porque el 19 de marzo, fecha del inicio del debate, la presidenta del tribunal ordenó su expulsión de la sala.

Otra resolución fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, que amparó a  Francisco García Gudiel, abogado del exjefe de Estado. Ese fallo ordena al tribunal detener el juicio hasta que se tramite una recusación que el defensor planteó contra la Presidenta del tribunal, y a un vocal de esa judicatura.   El secretario de aquella Sala de Apelaciones, explicó que en la resolución se apunta que el tribunal a cargo del juicio debe procurar que los testigos que ya declararon durante el debate no sean revictimizados.

El pasado viernes, la Corte de Constitucionalidad amparó al abogado de Rodríguez y le ordenó al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo suspender el acto reclamado, en el que los juzgadores recibieron las pruebas que un juez de primera instancia rechazó a los defensores de los militares perseguidos.  El acto que la defensa de Rodríguez reclamó es el registrado en la audiencia del 5 de abril de 2013, cuando los integrantes del Tribunal Primero A aceptaron los testimonios de peritos que ya declararon ante los juzgadores.

Tanto las salas como la Corte de Constitucionalidad han resuelto en defensa del debido proceso en este juicio viciado en el que, además, están involucrados muchos grupos de interés y activistas.


5
may 13

La reina de corazones quiere la sentencia.


La actitud del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo me recuerda a la reina de corazones en Alicia en el país de las maravillas.  El tribunal ya tiene la sentencia y le irrita muchísimo tener que respetar las garantías del debido proceso en el caso contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez.   ¡La sentencia es primero, el juicio vendrá después! , parece ser la consigna en aquel tribunal.

Mientras tanto, los querellantes y los grupos de interés que están detrás de este juicio viciado gritan, con la reina de corazones, que ¡Aquí nadie sabe nada!…excepto ellos.

Mientras tanto la lucha por el estado de derecho y por la justicia -frene a la sed de venganza y al oportunismo político- se libra en la Corte de Constitucionalidad.  La semana pasada aquel alto tribunal suspendió el acto en el que el TPAMR recibió pruegas ofrecidas por la defensa de los militares perseguidos.  El agobado defensor de Rodríguez aduce que los jueces violaron el debido proceso y que el debate se está llevando a cabo en un acto paralelo e ilegal.  Esa es la razón por la cual la CC ordenó que sea suspendido el proceso y el debate debería ser anulado.

Mañana se espera que la Corte se manifieste definitivamente sobre este asunto delicado en el que están en juego las garantías procesales y la justicia.


24
abr 13

Corte de Constitucionalidad en defensa del debido proceso

Las garantías del debido proceso legal aseguran que se cumpla el principio de que  los gobiernos debe respetar todos los derechos legales que poseen las personas. El del debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.  ¡Ah!, cuando leí aquello y lo que viene, como me acordé de mis clases con Francisco Fonceca Penedo y Baudilio Navarro Batres.

La Constitución estipula que los funcionarios [incluidos los jueces] son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.  Por eso es muy atinado que la definición anterior hable de el gobierno, ya que los jueces son parte del gobierno.  Todo funcionario, incluidos los jueces, deben sujetarse a la ley.  La Constitución dice que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la república, incluidas las leyes procesales. Lo anterior viene al caso porque  la Corte de Constitucionalidad confirmó la resolución de la jueza Carol Patricia Flores – que anuló el juicio por supuesto genocidio- y  resolvió que la jueza Jazmín Barrios debe remitirle el caso Ríos-Rodríguez a su homóloga Flores, que los procedimientos en el Tribunal Primero A de Mayor riesgo quedan anulados, y que se deben enmendar los errores cometidos durante aquellos procedimientos.  La Corte -a pesar de inmensas presiones locales e internacionales- cumplió con su deber que es la defensa del orden constitucional, así como de las garantías que protege aquel orden.

Como principio, el debido proceso legal es un límite para la legislación y los procedimientos  por lo que los jueces deben  garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación es análoga al concepto de justicia natural y al de la justicia de procedimientos; y se expresa como que un mandato para los funcionarios de los tres organismos del estado acerca de que no deben ser parciales con la gente y no debe abusar físicamente de la gente.

El debido proceso penal, en particular, es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente.

El principio del debido proceso penal procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto:

  • Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso.
  • La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener la convivencia pacífica.

Las actuaciones de la jueza Barrios

Todo esto viene al caso porque, como lo recopila el columnista J. Ligorría, la presidenta del  Tribunal Primero A de Mayor Riesgo

  • Durante el juicio contra los generales citados arriba se puso en evidencia la incapacidad de la jueza para sobreponerse a la carga ideológica que lleva el proceso, olvidó que casos como el que estaba conduciendo precisan de extremo escrúpulo y plena observancia de los detalles para no quedar a merced de recursos posteriores que echen por tierra la sentencia que se produzca.
  • Inició el debate cinco meses antes de lo programado cuando aún se gestionaba un amparo provisional; no podía comenzar porque el recurso incidía sobre prueba que debía ser recibida por un juez distinto en la etapa intermedia.
  • Siguió adelante, a pesar de que existían causa de excusas y recusaciones entre los litigantes y el tribunal, y viceversa.
  • Expulsó al abogado de confianza de Ríos Montt.
  • Intengó obligar a los defensores del otro acusado a representar forzosamente a Ríos Montt, sin ser ellos miembros de la Defensa Pública.
  • La jueza no permitió la inmediata incorporación de un nuevo defensor del principal acusado, y mientras que con los acusadores fue permisiva y flexible, los defensores fueron limitados excesivamente para acceder a los mismos recursos, y no le dio la palabra al acusado cuando este solicitó permiso para intervenir en el debate. Según el Código Procesal, el acusado puede intervenir tantas veces como lo solicite.
  • Desconoció una orden de la CC y rebatió lo actuado por la rigurosa y valiente jueza Carol Patricia Flores, hasta hace poco heroína de los activistas de DDHH y hoy vilipendiada por estos.
  • Calificó de ilegales las instrucciones de las instancias superiores y dejó en evidencia un denodado interés por castigar a quienes se acusaba.

¡Es evidente que la jueza Barrios no se sujetó a la ley y actuó por encima de ella!  Es evidente que esa jueza -¿en su arrogancia?- creyó que el apoyo mediático, dipolomático, oenegero y político que recibe le permitirían actuar con impunidad. Pero ahí está que no.  La valentía y el compromiso de la jueza Flores, asi como de la Corte de Consltuticionalidad le pusieron un alto a sus arbitrariedades y abusos contra el debido proceso y contra el estado de derecho.

Las amenazas de la CICIG

Dicho lo anterior, también llama la atención que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, amenazó con investigaciones contra la jueza Flores, extremo que solicitó el excomandante guerrillero Pablo Monsanto.  Flores, por cierto, fue calificada como una jueza imparcial que honra al sistema de justicia, por agrupaciones de derechos humanos.  Lo que se me ocurre es: Dado que la Corte confirmó la anulación ordenada por la jueza Flores, ¿la CICIG investigará también a los magistrados de aquel alto tribunal? El excomandante de la guerrilla, ¿pedirá la investigación de los magistrados de la Corte de Constuticionalidad por confirmar la actuación de la jueza Flores? Yo creo que no se atreverán porque eso sería el equivalente a dispararse en el pie.  Igual cosa ocurrirá si quienes adversan la resolución de la Corte de Constuticionalidad acuden a actos violentos como bloqueos de calles y carreteras, destrucción de propiedad ajena, pintas, y amenazas contra quienes obstaculizan sus propósitos.

Mientras tanto la jueza Carol Flores y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son héroes del debido proceso y del orden constitucional.


19
abr 13

No hay paz sin verdad, ni justicia

En una actitud de franco y abierto desacato, el Tribunal Primero A de Alto Impacto, presidido por Jazmín Barrios anunció que continuará con el debate en el juicio que por supuesto genocidio se sigue contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez.  El acto es nulo, claro, porque ayer  Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, resolvió anular todas las diligencias del juicio que se seguía contra el exjefe de Estado, y el extitular de Inteligencia Militar, quienes por 20 días han estado sometido a procedimientos judiciales arbitrarios e ilegales.

Flores explicó que su decisión se debió al cumplimiento de dos órdenes que le fueron notificadas el pasado martes: la primera de la Corte Suprema de Justicia, que le  ordenó a aquella judicatura que restituya al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos lo ordenado en el amparo interpuesto contra la decisión que el 23 de noviembre de 2011 trasladó a Miguel Ángel Gálvez el caso contra el general Héctor Mario López Fuentes, único sindicado en aquella fecha.  La segunda orden de la Corte de Constitucionalidad que detalla que la juzgadora debe recibir las actuaciones y dar exacto cumplimiento al amparo provisional otorgado al CALDH.

Las anteriores resoluciones fueron suficientes para que la jueza decidiera dejar sin efecto todo lo actuado del 23 de marzo de 2011 en adelante, y anular el juicio que hasta ayer se realizaba contra Ríos y Rodríguez.  Antes de hacer pública su decisión, la jueza Flores dijo que Más que un deber es una obligación resolver lo ordenado por la CC y la CSJ. La juzgadora insistió en que no resolvía “a su sabor y antojo”, sino en cumplimiento a las órdenes de ambas Cortes.

Ayer, un reportero me consultó acerca de estos acontecimientos y me preguntó que qué opinaba de la resolución de la jueza Flores.  Le dije que si el propósito de aquellos procedimientos judiciales era el de buscar la verdad y hacer la justicia para consolidar la paz, yo celebraba que se respetaran las garantías del debido proceso y el estado de derecho.  Luego preguntó que si todo lo actuado era anulado, eso tendría efectos en el dolor y el sufrimiento de las víctimas; a lo que respondí que ciertamente le dolor y el sufrimiento eran cosas muy malas y que no deberían ocurrir, y que era lamentable. Lo que olvidé mencionar es que la jueza Barrios debería haber pensado en eso cuando actuaba a sabiéndas del amparo interpuesto por CALDH, y cuando actuaba de forma ilegal y abusadora en el tribunal.  Sospecho que la arrogancia y la fortaleza que le daban sus patrocinadores (ONG, prensa, embajadores extranjeros, organismos interesados y otros) le impidió ver que estaba poniendo en riesgo la legalidad de los procedimientos en los que incurría.  Finalmente me preguntó si no es que se ponía énfasis en la forma, y se perdía la importancia del fondo.  A este cuestionamiento respondí que la forma y el fondo se complementan.  Que si bien el fondo es importante, la función de la forma es proteger las garantías del debido proceso y del estado de derecho; y que su función era la de evitar procedimientos arbitrarios, antijurídicos, prepotentes y abusadores.  La forma puede obstaculizar el fondo; pero la función de la forma es proteger el fondo.

En fin…todo esto se está moviendo rápido y lo importante es que se haga justicia y que prevalezca la verdad para que la paz no se funde en venganza, ni en arbitrariedades.  Aribrariedades y abusos como el de la jueza Barrios al no acatar la resolución del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.


28
jul 10

¿"Jueves Negro" en "Despecho Presidencial"?

Durante el programa Despecho Presidencial -en el que Alvaro San Nicolás Colom emula a Hugo Chávez y a su Aló Presidente- Marvin Cruz, alcalde de Dolores, Petén, advirtió que está dispuesto a invadir la ciudad capital con 400 mil peteneros para darle su apoyo y defender al Presidente.


La advertencia de Cruz no puede sino recordar el Jueves Negro organizado por el Frente Republicano Guatemalteco de Efraín Ríos Mont y Alfonso Portillo, el 24 de julio de 2003.

Cuando San Nicolás invitó a Marvin Cruz a su programa, ¿sabía que haría esta advertencia? ¿Están de acuerdo, Los Colom, con que 400 mil peteneros invadan la ciudad capital? ¿Qué, exactamente, tiene planeado Cruz? Si él y su gente invaden la capital, ¿de dónde saldrá el dinero para movilizar a la gente, alimentarla y hospedarla? ¿Quién será el responsable legal de la invasión y sus efectos?

¿Recuerda, el lector, qué ocurrió en aquella fecha fatídica?

Centenares de eferregistas fuera de control tomaron ayer calles y sectores de la capital. Con los rostros cubiertos y armados, con palos, piedras, machetes y armas de fuego exigieron la inscripción de José Efraín Ríos Montt, como candidato presidencial del FRG. Con días de antelación habían planificado que el Hipódromo del Norte, en la zona 2, la avenida de Las Américas, en la zona 13, y el Centro Cívico, serían los puntos donde se reunirían para iniciar las protestas a favor del caudillo eferregista. La movilización obedecía a las palabras de Ríos Montt, quien el lunes 21 advirtió que si no era inscrito como candidato, era posible que perdiera el control de las bases del partido y se suscitaran actos de violencia. En esa ocasión, alrededor de 50 buses procedentes principalmente de Quiché, Totonicapán, Jalapa Jutiapa y las verapaces arribaron a la capital a las 5 de la mañana, con cientos de acarreados del FRG. Héctor Ramírez, el recordado Reportero X, falleció en esa oportunidad cuando era perseguido por los eferregistas.

Durante las gestas de mayo de 2009, fui testigo de cómo es que Los Colom no vacilaron en usar acarreados para intimidar a la ciudadanía. Vi, con mis propios ojos, cómo esos acarreados provocaban a los manifestantes pacíficos y cómo sus dirigentes no tenían escrúpulos frente a posibilidades de violencia. En un momento de tensión, tomé el micrófono para pedirles a los representantes diplomáticos de España, Holanda, Estados Unidos de América y Francia, que enviaran observadores para proteger a los manifestantes pacíficos y para que documentaran las operaciones de la dirigencia que había llevado a los acarreados. Vi como, entre los manifestantes pacíficos, había infiltrados que elevaban la temperatura de las fricciones. Y, durante el Jueves Negro, esta foto la foto la tomé desde la ventana del que era mi dormitorio. En ella se ve a los bochincheros, armados con palos para piochas, o hachas, de esos que venden en las ferreterías. Caminaban rumbo al Este sobre la 14 calle de la zona 10. Luego vi cómo se desataron la violencia y la locura en las calles.

¿Es esto lo que está tramando Cruz? ¿Lo saben Los Colom?


4
may 10

Ahí va la arañita, sube quete sube

Cuando mi hermana era pequeña, cantaba una canción que va así:

Ahí va la arañita,
sube quete sube.
Vino un aguacero
y al suelo se fue.
Luego vino el sol
y se secó.
Y de eso me acordé ahora que leo que el diputado Carlos López, de la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza, vaticinó que la alianza entre ese partido y el Frente Republicano Guatemalteco, de Efraín Ríos Mont y Alfonso Portillo, así como la Gran Alianza Nacional, de quien quiera que esté pagando en este momento, es el principio de un triunfo arrasador de Sandra Torres para las próximas elecciones.
El asunto llama la atención porque Juan Alfaro, secretario general del partido oficial, trató de desmentir al diputado con el argumento de que no hubo proclama, él puede decir lo que quiera, goza del derecho de irresponsabilidad sobre sus declaraciones…Es una imprudencia, algo sobre lo que ni siquiera el Comité Ejecutivo se ha pronunciado.
Con sus declaraciones, Alfaro trató de disimular que el acto referido podría constituir uno de campaña anticipada, práctica que es ilegal.
Aún así, el threesome entre el partido oficial y el de Ríos Mont y Portillo con ese partido prostituta que es la Gana, no debe ser visto como algo aislado. Va de la mano con los cartelones que, en aquel acto, exhibían la fotografía de Sandra Evita; va de la mano con las magdalenas de diciembre pasado y va de la mano con toda la plata y el poder que -por medio del programa de Coersión Social- administra la señora en cuestión y cuyo nahual es una arañita, según su marido el Presidente. Va de la mano con el manejo sospechoso del Registro Nacional de Personas y del Padrón Electoral; y va de la mano con el estrangulamiento del Tribunal Supremo Electoral.
Puede ser que el diputado López haya cometido una imprudencia; pero lo que ocurrió en Quiché, da la apariencia de que, por ahora, ahí va la arañita, sube quete sube. Pero el problema no es ese. El verdadero problema es que estando el expresidente Alfonso Portillo perseguido por la justicia en Nueva York por haber hecho de la presidencia su cajero automático personal, la corrupción escandalosa de la administración socialdemócrata de Los Colom se esta viendo obligada (como si hiciera falta) a considerar muy seriamente la opción de no dejar el poder ¡a cualquier costo! Esto es, con tal de desvanecer cualquier posibilidad de que altos oficiales de esta administración tengan que responder por abusar de la confianza de la gente de su nación y vayan a hacerle compañía a Portillo.
El cerco contra el TSE, la manipulación del Renap y del Padrón Electoral, el uso de fondos públicos para destacar el protagonismo de la Sandra Evita, y el threesome infernal, a mí me huelen a la preparación de un fraude electoral como nunca hemos visto los chapines, que ¡vaya si no los hemos visto!

20
ene 10

Falleció uno de los "arquitectos" del Jueves Negro

Centenares de eferregistas fuera de control tomaron ayer calles y sectores de la capital. Con los rostros cubiertos y armados, con palos, piedras, machetes y armas de fuego exigieron la inscripción de José Efraín Ríos Montt, como candidato presidencial del FRG. Con días de antelación habían planificado que el Hipódromo del Norte, en la zona 2, la avenida de Las Américas, en la zona 13, y el Centro Cívico, serían los puntos donde se reunirían para iniciar las protestas a favor del caudillo eferregista. La movilización obedecía a las palabras de Ríos Montt, quien el lunes 21 advirtió que si no era inscrito como candidato, era posible que perdiera el control de las bases del partido y se suscitaran actos de violencia. Ese fue el Jueves Negro, del 24 de julio de 2003.

Alrededor de 50 buses procedentes principalmente de Quiché, Totonicapán, Jalapa Jutiapa y las verapaces arribaron a la capital a las 5 de la mañana, con cientos de acarreados del FRG. La foto la tomé desde la ventana del que era mi dormitorio. En ella se ve a los bochincheros, armados con palos para piochas, o hachas, de esos que venden en las ferreterías. Caminaban rumbo al Este sobre la 14 calle de la zona 10.

El asunto viene al caso porque ayer falleció Leopoldo Cruz Clavería, uno de los arquitectos de aquella operación con la que acarreados del Frente Republicano Guatemalteco sembraron la violencia y el pánico en la ciudad de Guatemala. En esa ocasión, y perseguido por la turba, falleció el periodista Héctor Ramírez.

9
sep 09

Un mensajote para Los Colom

Hoy, Los Colom recibieron un mensajote: La Fiscalía especial de la Comisión Internaciona lcontra la Impunidad en Guatemala, recibió la documentación secuestrada en el Ministerio de la Defensa Nacional, misma que servirá como evidencia en el juicio que afrontaría el expresidente Alfonso Portillo. Los documentos supuestamente amparan compras realizadas bajo la protección del secreto militar; pero, según las pesquisas, sirvieron para encubrir el saqueo de Q906 millones.

Una buena noticia es que la corrupción que en tiempos de la administración del Frente Republicano Guatemalteco de Efraín Ríos Montt, y de Alfonso Portillo está siendo investigada y que, en consecuencia, puede que no quede impune.
Otra buena noticia es que esto podría establecer algún tipo de precedente y que la corrupción de administraciónes posteriores podría ser investigada, perseguida y castigada. Y no quedaría impune.
Y, como al entendido, por señas, Los Colom pueden haber recibido un mensaje muy valioso: Si pierden el poder, no sólo no lo van a poder recuperar y su obra se va a perder; sino que algunos de sus dirigentes más destacados podrían ir a parar a los tribunales, o a la cárcel. A este último lugar ya fue a parar el vicepresidente de Portillo, Paco Reyes; y también podría ir a parar el mismísimo Expresidente.
Este dilema, al que se enfrentan Los Colom, debería poner en alerta a la sociedad guatemalteca; porque el costo de oportunidad que para la Unidad Nacional de la Esperanza tendría perder, en los próximos comicios, es elevadísimo. Y desde la Constitución de 1985 no hemos visto algo así…ni una administración que esté tan conciente de lo precario que es su futuro si es desplazada del poder.

23
jun 09

Corrupción: ¿Luz verde para la piñata?

Coyotes de la misma loma, usufructurarios de rentas parasitarias, los expartidos de Arzú/Berger y que ahora están en manos de quién sabe quién y de Arturo Gutiérrez, el partido de Ríos Montt/Portillo, el partido de Nineth Montenegro, el partido de No te preocupes mi vida y unos disidentes de la Gana, le darían su apoyo a la Unidad Nacional de la Esperanza para la aprobación del paquetazo fiscal con el que la administración de Los Colom continúe con la piñata de corrupción y de desperdicio que se tiene con el presupuesto del estado y con el dinero de los tributarios.


Los bloques aliados de la Gana, Bancada Guatemala, Frente Republicano Guatemalteco, Unión del Cambio Nacionalista, Partido de Avanzada Nacional y Encuentro por Guatemala darían su apoyo a la aprobación de eso que los medios de comunicación masivos llaman: la reforma fiscal.









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