Realidad mordelona

La realidad finalmente mordió de regreso a Otto Pérez Molina, su ministro de Finanzas y todos sus achichincles, incluidos la mayoría de diputados. La puñalada fiscal adolece de tantos y tan variados errores que tarde o temprano y muy a su pesar se iban a ver en la necesidad de corregir la plana. La solicitud del presidente al Congreso, de aprobar una reducción del 50% al Impuesto de Circulación, es solo la punta del iceberg.

Debo suponer que el hecho de que a estas alturas del partido solamente el 35% de los obligados a pagar el impuesto de circulación lo hubiesen hecho, más las muchas y variadas manifestaciones de descontento hacia ese leonino incremento en particular hayan hecho que el radar político del mandatario lo llevara a recapacitar sobre el inmenso error que sería continuar empecinadamente montados en su macho.

Ahora bien, como parece ser que el radar político no da todavía para más, me permito informarle al presidente que problemas similares y con mucho peores consecuencias tienen las otras reformas impositivas que planteó el año pasado. El impuesto de circulación probablemente es el que en el corto plazo más resentía un buen grupo de la población porque les era más palpable y cercano, pero en el largo plazo sus consecuencias se vuelven un granito de arena comparadas con las de varias de las otras reformas.

De ellas quizá no va a escuchar tantos y tan airados comentarios, porque ni la misma gente se ha percatado de las consecuencias que tendrán para su propia economía. Pero que ni la gente ni los políticos se den por enterados de esas consecuencias no implica que no se vayan a dar. Como bien dijo Ayn Rand, se puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorarla.
En este caso la realidad es tan abrumadora que hasta sus mismos aliados que aprobaron sin chistar —ni siquiera leer, debo concluir— la puñalada fiscal, ahora se hacen un queso para poner tierra de por medio entre ellos y el partido oficial.

La declaración más patética en ese sentido hasta la fecha es la del diputado Roberto Alejos, quien, para zafar bulto de su responsabilidad en semejante entuerto, prefiere reconocerse tonto que mal intencionado. Así lo afirma cuando dice: “la cual el Ejecutivo hizo creer a todos los sectores que generaría una mayor recaudación y estabilizaría el déficit presupuestario”. ¡Cómo no! Que hable por sí mismo y reconozca sus culpas. El Ejecutivo pudo haber dicho misa pero quien levantó la mano para aprobar ese esperpento fue el diputado Roberto Alejos, junto con la mayoría de otros diputados.

Yo por lo menos no me incluyo entre esos “sectores” a los que Alejos argumenta que Otto Pérez engañó. Puedo afirmar que desde que se conoció la propuesta me opuse a la misma. Y tengo año y meses de estar argumentando esa oposición sobre los errores, no solo de forma sino también de fondo que considero que la puñalada fiscal tiene. También en su momento advertí de los efectos que iba a tener, efectos que conforme pasa el tiempo hemos visto cómo se han ido dando.

No, señores diputados, no nos engañan con sus dizque “mea culpas”. Nos convencerán cuando den marcha atrás y deroguen la puñalada fiscal.


Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de junio de 2,013.

¿Pepsi bye?

La poca información disponible se presta para los rumores…

Durante el proceso de investigación de un reporte sobre el mercado de alimentos y bebidas en la región que estoy elaborando me encontré con que en el medio está circulando el rumor de que la empresa Cabcorp podría ser adquirida por otro grupo regional. No me pude resistir a la oportunidad de investigar un poco ese tema.

Una de las desgracias de nuestro país es que no se ha desarrollado un mercado de capitales, por lo que la mayor parte de la información de las empresas se maneja en el más estricto secreto. De ahí que es poca la información públicamente disponible y ello se presta para rumores y especulaciones. En el caso de Cabcorp, me pareció una oportunidad única para investigar, ya que debido a la emisión de bonos en los mercados internacionales que hizo este año, algo de información se puede obtener de fuentes públicas, así como de los análisis que realizan las empresas calificadoras. Aun así, no es tan fácil investigar como en los mercados desarrollados, pero algo encontré.

La pregunta del millón es: ¿por qué alguien querría comprar una empresa como Cabcorp? Hice un estudio más elaborado para tratar de responderla, que lo encuentra aquí, pero por razones de espacio, hago aquí un breve resumen.

Desde hace más de una década la empresa se ha dedicado a expandir sus operaciones, tanto en mercados como en portafolio de marcas. Una de las decisiones cruciales, desde mi punto de vista, fue la alianza con PepsicoAmericas en el 2009, por medio de la cual obtuvo la distribución para Puerto Rico y el Caribe, a cambio del 18% de las acciones del grupo. Unos meses después Pepsico compró PepsicoAmericas, y Cabcorp se encontró con que su nuevo socio era la casa matriz.

La expansión ha continuado y este año compraron el control del Grupo Tesalia, el embotellador de Pepsi para Ecuador, iniciando su incursión en Sudamérica.

Sin embargo, no todo es un lecho de rosas y la expansión ha conllevado, por un lado, bastante apalancamiento financiero, y por el otro, incrementos en los costos, lo que ha puesto a la empresa en una posición vulnerable financieramente hablando. Si a ello se le añaden algunas otras variables como los cambios de conducta de los consumidores, la crisis financiera, la volatilidad en los precios de las materias primas y, por si no fuera suficiente, el riesgo inherente de los países de la región, especialmente con sus siempre cambiantes normas fiscales, hacen que la transacción pueda ser un tanto riesgosa.

Una vista rápida a algunos de los resúmenes financieros de Cabcorp siembra suficientes dudas sobre el futuro de un negocio interesante pero que tiene riesgos que deben ser tomados en cuenta. La paradoja es que las acciones que han tomado para expandir sus operaciones, por un lado la vuelven poco atractiva para la compra, si se toman en cuenta solo los factores financieros, pero por el otro lado la vuelve vulnerable ante algún comprador con los suficientes recursos y visión como para seguir el proceso de expansión por Sudamérica.

¿Se venderá Cabcorp? La respuesta es una moneda al aire, de la que quién sabe cuándo nos enteraremos del resultado, por la misma secretividad.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de octubre de 2,012.

¿Procorrupción?

Aunque aprueben la ley, ¿será que realmente veremos un descenso de la corrupción?
La así llamada ley anticorrupción no hay modo que pase en el Congreso. A como pinta la situación, lo más probable es que si llega a pasar, llevará tantas enmiendas procorrupción que su efecto en contra de la corrupción será mínimo. Lo que es peor, no me extrañaría que los diputados le logren dar la vuelta a la tortilla y resulte que los perseguidos y aterrorizados serán los ciudadanos y no los funcionarios públicos.

Debido al sistema positivista en el que vivimos, resulta que no es suficiente con que el robo sea un delito, sino que se deben especificar las cincuenta mil y una variaciones posibles de los robos para que se pueda acusar y condenar a los ladrones. Si un caso particular de robo no está tipificado en la legislación, no se puede perseguir efectivamente a los ladrones. De ahí que tengamos un sistema tan enmarañado y, en muchos casos, disfuncional.

Debido a este absurdo sistema y a la famosa “corrección política”, se les ha ido poniendo nombres menos “ofensivos” a los delitos. La corrupción no es otra cosa que un robo. Todos los que son corruptos —en el contexto de la función pública— lo son porque de una u otra manera se roban recursos de los tributarios o de los ciudadanos para su propio beneficio. En pocas palabras, los corruptos, aunque anden en carros blindados, en jets privados y codeándose con todo el jet-set local, no son más que viles ladrones que se han apropiado indebidamente de los recursos de otras personas. Son gente fracasada que no ha logrado ganarse la vida en buena ley y recurre a robar lo que otros han generado para dar la apariencia de exitosos.

Es mucho más fácil robarles a los tributarios a través del Gobierno que directamente, ya que una vez el dinero pasa de manos de los tributarios a las de los gobernantes, deja de tener un verdadero propietario que vele por él y cae en las manos de administradores que, en la mayoría de los casos, están más ocupados en cómo echar mano de esos recursos para beneficio personal que en cuidar de su buen uso.

Si se intenta robar a una persona directamente, esta no tan fácilmente cederá la propiedad que le ha costado trabajo obtener y buscará los medios para protegerla, como por ejemplo, alarmas, sistemas de seguridad, etc. Y aún si le llegan a robar, dependiendo de las circunstancias, probablemente hará una acusación formal en contra del delincuente y existe la posibilidad de que este tenga que pagar por su crimen.

En el caso del dinero de los tributarios, no hay quien —con excepción de la no muy efectiva labor de la Contraloría General de Cuentas— proteja “su propiedad” y esta es fácilmente robada por funcionarios públicos y sus cómplices fuera del ejercicio público. Si quiere conocer un ejemplo muy reciente, solo oiga o lea cómo un funcionario del Hospital General extorsiona a un proveedor para que le dé“comisión” por entregarle los cheques de pago, situación aireada por las redes sociales y varios medios.

Así que ahora estamos a la espera de la dichosa ley anticorrupción para supuestamente poder perseguir a los ladrones que roban recursos de los tributarios. ¿Será que obtendremos en cambio una ley procorrupción?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de septiembre de 2,012.

Aislado será, Vivar

¿Es un caso aislado o simplemente el que cayó en desgracia?

La semana pasada el revuelo en el mundillo político giró alrededor de la captura del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, y varios de sus compinches. La pregunta del millón es si esta captura es un “caso aislado” debido a algún tipo de presiones o si podemos esperar que, a partir de ahora, veamos a más funcionarios investigados y, si fuere el caso, acusados y atrapados.

Para cualquiera que conozca a alguien que tiene algún tipo de negocios como “contratista” del Estado, no es un secreto que desde hace mucho tiempo, por no decir “toda la vida”,
la corrupción ha campeado en muchas de las contrataciones que se hacen con fondos públicos. Y esto solo con las obras contratadas por el Ejecutivo. Lo mismo se puede decir de los “pagos” a diputados a través de la contratación de obras en sus jurisdicciones.

Si nos vamos a las municipalidades, hemos escuchado tantísimas historias de alcaldes que llegaron al cargo debiendo la campaña y que salieron con casas, carros, cuentas y cuentas. Las historias abundan a lo largo y ancho del país y he sabido de muchos exalcaldes que mejor se han ido, en algunos casos del pueblo, en otros hasta del país, para evitar las “habladas”, que no la persecución, ya que esta ha sido, hasta la fecha, virtualmente inexistente.

No puedo decir que todas las contrataciones ni que todos los funcionarios participen de la corrupción, pero de que mucho dinero de los tributarios se lo roban, se lo roban.

La estrategia no es muy distinta, en la mayoría de los casos, de la que acusan a Vivar y su “pandilla”. Utilizar empresas registradas por sus familiares y amigos que son contratadas para realizar proyectos sobrevalorados que muchas veces ni siquiera se ejecutan, pero sí se pagan. La otra forma de corrupción de la que se le acusa es a través de plazas fantasma, las cuales no son las únicas de las que se tiene conocimiento, pues nada más tomar posesión los diputados (incluso antes) ya se ve a los familiares, amigos y “colaboradores” haciendo cola en los pasillos del Congreso para cobrar las “colaboraciones” y degustar de los huesos prometidos durante la campaña.

El problema aquí no es si los funcionarios “caen” después de una larga “investigación” que se realiza porque cayó en desgracia con las autoridades de turno. Si se siguen dando los negocios entre empresas fantasmas o familiares de los funcionarios. O si llegará el ciudadano honrado, honesto y recto que terminará con estas prácticas de robo descarado. El problema es y seguirá siendo el sistema, hasta que decidamos cambiarlo por uno en el que los gobernantes se vean realmente supeditados a la voluntad de los mandantes y circunscritos estrictamente a su labor de representatividad y a algunas pocas funciones básicas.

Y si el gobierno central y el municipal continúan haciendo “obras”, está garantizado que este no será el último caso en que veremos la captura y posible proceso penal contra un funcionario. Lo que quizás sí suceda es que los practicantes del robo de nuestros impuestos pongan sus barbas en remojo y busquen nuevos mecanismos para jugarle la vuelta al sistema. Y se repite la máxima: gobierno grande, pueblo pobre. ¿Cuándo entenderemos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de septiembre de 2,012.

Incongruentes

La incongruencia de los estatistas es proverbial.

Las acciones de muchos estatistas son incongruentes con lo que dicen defender. Hablan maravillas sobre la acción del Gobierno y lo defienden a capa y espada, pero a la hora de la hora, resulta que ni ellos mismos confían en esa acción. Con sus hechos contradicen lo que sus palabras aconsejan. Así que es mejor fijarse en lo que hacen en lugar de escuchar lo que dicen.

Al final, la mayoría simplemente confirma lo que Frederic Bastiat dijo hace más de 150 años: “El Estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de los demás”. Esta es la descripción que mejor se adapta, no tanto a lo que dicen los estatistas como a lo que hacen.

Encontramos esas incongruencias por todas partes. Hace un par de días, por ejemplo, un matutino nos informaba que entre varias instituciones gubernamentales se gastan más de 50 millones de quetzales anuales en seguros privados de vida y gastos médicos para sus empleados. Esta noticia confirma las incongruencias a las que me refiero.

Resulta que la institución con el seguro más “oneroso” (según la nota) es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). ¿En dónde queda entonces el discurso de que el Gobierno necesita más fondos —los que esta institución recauda— para mejorar los servicios que presta? Si fueran congruentes con lo que dicen, ¿no creen ustedes que estos millones de quetzales que tanto les cuesta recaudar se debieran invertir en mejorar los servicios de salud que presta el Gobierno para de esa manera atender mejor, no solo a los empleados de la SAT, sino a todos los guatemaltecos?

Según la misma nota, los dos seguros más grandes son para los trabajadores de las empresas portuarias. En la misma nota se dice que la cobertura que tienen estos empleados se debe “al poder y la presión que ejercen sus sindicatos”. De seguro son de los mismos sindicalistas que ni bien se menciona algo sobre una “reforma previsional” pegan el grito en el cielo, se rasgan las vestiduras y hacen paros de labores para oponerse a la “privatización” del Seguro Social y de los servicios de salud gubernamentales. Pero, eso sí, cuando de su pellejo se trata, no les importa que se gasten los fondos de los tributarios para que ellos puedan gozar de un seguro privado de vida y gastos médicos.

¿No le parece no solo incongruente sino además hipócrita esa actitud?

Y así podemos encontrar muchos ejemplos de incongruencia, en temas similares, en empleados públicos y funcionarios de todos los niveles. Y eso que no estamos hablando de la corrupción abierta, sino de esta otra forma —que también considero que es corrupción— de utilizar “legalmente” los fondos de los tributarios.

La incongruencia de los estatistas se repite aquí y en todas partes del mundo. Hace poco también vi una nota que informaba que el 25% de los maestros en escuelas públicas en dos estados de los Estados Unidos envía a sus hijos a estudiar a colegios privados —estadística que no me extrañaría fuese similar en Guatemala—.

Al final, los hechos comprueban que muchos que hablan maravillas del Gobierno, a la hora de la hora lo único que les interesa es ver cómo hacen para aprovecharse de los tributarios y vivir muy bien a sus expensas. ¿Por qué no me extraña?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de septiembre de 2,012.

Testigos fraudulentos

Lo que vino a enseñar la CICIG es cómo falsear los testimonios.

Los ingenuos creían que la llegada de una organización internacional que estuviera por encima de la ley lograría erradicar la corrupción en el gobierno guatemalteco. Los que no nos tragamos los cantos de sirena sabíamos que esa era su debilidad más grande y la que acabaría corrompiéndola. Ni siquiera los más escépticos pudimos imaginar a los extremos que llegarían para defender lo indefendible.

Parte de la finalidad de la Cicig era apoyar a las instituciones guatemaltecas para que aprendieran cómo realizar mejor su labor para combatir a los criminales enquistados en el poder.
Lamentablemente, lo que nos hemos ido enterando es que, a lo sumo, la Cicig les ha enseñado a los locales cómo abusar del poder, cómo moverles la silla a los funcionarios que no resuelven como ellos quieren que resuelvan, pero más importante e inquietante, cómo intimidar a las personas para obligarlas a testificar fraudulentamente versiones que se ajusten a lo que la Cicig dice que es la “verdad”.

Hasta la fecha, la Cicig ha dejado una estela de casos fallidos, algunos de los cuales está haciendo hasta lo imposible porque no lleguen a juicio para que no se hagan públicos los abusos e ilegalidades que han cometido sus funcionarios.

La escuela de la Cicig se basa en conseguir “colaboradores eficaces” que atestigüen en contra de aquellos a quienes quieren condenar. Para ello se han valido desde de ofrecerles el oro y el morro hasta amenazarlos con acusarlos de crímenes que no han cometido, e incluso de que los van a “chillar” en la cárcel para que allí los “ajusticien”.

Con estos métodos han conseguido que criminales que no tenían nada que perder acepten testificar fraudulentamente a cambio de que los dejen libres y les den un exilio dorado. Las pocas personas que no han aceptado testificar las mentiras impuestas por la Cicig han pagado las consecuencias de tan temeraria actitud.

Esta semana, por ejemplo, escuchamos a Alejandro Giammattei denunciar públicamente en un programa radial cómo a él le ofrecieron sacar a su familia del país y darle tres millones de euros a cambio de que se convirtiera en “colaborador eficaz” en contra de los demás acusados en el caso Pavón. Giammattei no aceptó y eso le valió pasar varios meses en la cárcel y tener que enfrentar muchos recursos en su contra de parte de la Cicig, todos los cuales ganó.

En nuestro programa radial a través de Libertopolis también escuchamos el testimonio de la esposa de Fredy Herald De León Barrios, a quien la Cicig “escogió” como potencial “colaborador eficaz” contra un criminal de altos vuelos, a quien De León ni siquiera conocía. Como él se negó a testificar fraudulentamente, la Cicig lo acusó de un secuestro que él ayudó a evitar. Para armar el caso en su contra, los investigadores de la Cicig intimidaron a todos los testigos de descargo para que cambiaran su declaración, incriminándolo. De todo eso hay varias denuncias ante los juzgados y ante la PDH, que por lo menos sirven de evidencia, ya que en la PDH nunca hicieron nada por ayudar a De León.

¿Para más de eso quieren los actuales gobernantes que se renueve el mandato de la Cicig?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de septiembre de 2,012.

¿Quién mata?

¿Se reducirá la violencia prohibiendo las armas de fuego?

Cada cierto tiempo resurge en la palestra pública el tema de la prohibición de armas de fuego como método para reducir la criminalidad. Suele suceder luego de que algún asesinato conmueve a las personas. Sin embargo, no creo que sea esa la forma de solucionar el problema de la criminalidad. Es entendible que la primera reacción emocional de las personas ante un crimen impactante -todos lo debieran ser, pero la recurrencia de los mismos tiende a volvernos indiferentes- sea el condenar las armas con las que se cometen y, como corolario, creer que si se eliminan estas, se resolverá el problema.

Por ello no me extraña que en una consulta electrónica hecha por Prensa Libre, el 84% de las personas responda que sí a la pregunta: “¿Cree que debería prohibirse la tenencia y portación legal de armas de fuego en Guatemala?”.

Lamentablemente, esa no es la solución. Las armas simplemente son una herramienta, tan así que de hecho puede ser utilizada tanto para el bien —las personas defendiéndose de los criminales y las autoridades combatiendo el crimen— como para el mal —como las usan los criminales—. Aún si no existieran las armas de fuego, algunos seres humanos siempre encontrarían alguna otra herramienta con la cual dañar e incluso asesinar a otros humanos. No hay que escarbar mucho para probar ese punto: tres mil años de historia previa a las armas de fuego lo comprueban ampliamente.

Adicionalmente, como bien lo dice la pregunta de la encuesta de Prensa Libre, lo que se puede prohibir es la “tenencia y portación legal” de las armas de fuego, no su existencia. Lo que implica que, al igual que como sucede ahora, los criminales seguirán armados, mientras que los ciudadanos honrados que utilizarían las armas legales para defenderse de los criminales se quedarían indefensos.

Por definición, los criminales, delincuentes, ladrones, asesinos, actúan fuera de la ley, de otra manera sus acciones no serían ilegales. Por lo tanto, es tremendamente ingenuo creer que los que ya de por sí actúan fuera de la ley van a dejar de utilizar armas de fuego solo porque la ley se los prohíba. De hecho, la “tenencia y portación” de las armas de fuego de los criminales actualmente ya está prohibida por la ley, porque en su mayoría son armas “ilegales” las que ellos utilizan para cometer fechorías.

Y yo me pregunto: si las armas de fuego que actualmente utilizan los criminales son ilegales, ¿en qué los afectaría una ley que prohíba la tenencia y portación “legal” de las mismas? La respuesta es sencilla: En nada. De hecho, los beneficia, porque van a incrementarse las posibilidades de encontrar víctimas sin capacidad de defenderse.

El problema de la criminalidad no son las armas, especialmente las legales. El problema de la criminalidad se debe a una completa falta de certeza de castigo. Mientras los criminales sepan que pueden actuar impunemente, a plena luz del día, y que las posibilidades de que los persigan, capturen, enjuicien y condenen son ínfimas, seguirán cometiendo fechorías.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 30 de agosto de 2,012.