Esto es de verlo y no creerlo: Un tribunal italiano declaró culpables de homicidio involuntario a siete científicos y especialistas en sismos, por no haber dado la alerta pertinente a la ciudadanía en el terremoto que el 6 de abril de 2009 azotó la ciudad de L’Aquila, y en el que murieron 309 personas. El juez condenó a los científicos a seis años de prisión; y científicos de todo el mundo lamentaron la sentencia, porque la ciencia no tiene un método infalible para pronosticar los terremotos. Según el fallo del juez Marco Billi, los acusados dieron información inexacta, incompleta y contradictoria sobre si los pequeños temblores sentidos por los residentes de la localidad en las semanas anteriores deberían haber justificado una alerta generalizada.
Una semana antes del terremoto, la Comisión visitó la región e informó a la población que no existía un peligro concreto. Que la tierra se mueva, dijeron, es la señal de que el terremoto está perdiendo energía. Debido a este informe muchos de los pobladores no salieron de sus casas el día del terremoto, como venían haciendo usualmente en semanas anteriores debido a los temblores. Guido Fioravanti, hijo de una de las víctimas, afirma: mi padre murió porque creyó al estado. Para la comunidad internacional, los expertos son el chivo expiatorio de los políticos. Las casas se cayeron porque estaban mal construidas. No se les puede condenar por no prever algo imposible de prever.
Después de este fallo, ¡a ver qué experto se atreverá a hablar sobre terremotos!
Es un hecho que la ciencia no tiene, todavía, un método infalible para pronosticar terremotos. Y, al final de cuentas, como las agencias científicas suelen ser estatales, la decisión de qué es lo que se hace con la información que proveen los científicos y expertos es de orden político. Tiene razón Fioravanti al quejarse de que su padre murió por creer en el estado -particularmente del estado niñera-; y este peligro es mayor en sociedades altamente estatizadas. Sociedades cuyos políticos y funcionarios -y ciudadanos y tributarios- creen que el estado (o sea los políticos y funcionarios que lo admistran) deben proveer, decidir, informar, autorizar, regular y prohibir, entre otras cosas.
En ciencia económica, William H. Hutt advirtió que los economistas no deben someter sus principios, su conocimiento y su retórica para adaptarse a las realidades políticas, ni deben adaptarlos a la política cultural existente. El mejor consejo científico que puede y debe recibir un político es el consejo científico honesto. Y es al político al que le corresponde decidir que uso le va a dar al consejo que recibe. Las decisiones políticas deben ser responsabilidad de los políticos. Si algo es políticamente posible, o imposible; o conveniente, o inconveniente no les concierne a los científicos. Eso es cosa de los políticos…y de las personas que confían en ellos.
La lección de Hutt les viene bien a los científicos italianos y a los científicos de todo el mundo. Muy especialmente a aquellos que sirven a los que ejercen el poder y creen que deberían tomar decisiones sobre la vida, la libertad y la propiedad de otros.
Dicho lo anterior…¿alguien me puede decir si eso de que si la tierra se mueve es señal de que el terremoto está perdiendo energía es cierto? Yo sospecho que no. Sobre todo en un país como Guatemala en el que hay más de una placa tectónica. Esto es porque el movimiento de una placa podría estar perdiendo energía…en tanto que otra placa podría estar acumulando energía, simultáneamente, y producir un terremoto que nada tendría que ver con la primera placa. Además, aunque fuera cierto que dos, o tres movimientos podrían hacer perder energía a una placa, ¿qué nos asegura que el cuarto movimiento no tendría suficiente energía como para producir un terremoto, a pesar de los tres movimientos previos? A mí, aquella explicación me parece un disparate, pero a lo mejor estoy equivocado. Ojalá que un experto nos pudiera dar una perspectiva científica.
Según el diario noruego VG, investigadores del Instituto de Medicina Legal cosecharon sistemáticamente órganos entre 2001 y la primavera de 2014. Según el informe, los tejidos fueron cosechados de personas -con edades entre los 15 y los 85 años- que murieron de accidentes, enfermedades o por envenenamiento. Sin autorización de sus familiares.
