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lunes, 6 de octubre de 2014

La chispa y el fuego

“El terrorismo es, en el fondo, en su naturaleza maligna, una guerra sicológica”

Comenzó el juicio por lo que se ha denominado “la quema de la embajada de España”. Dos elementos de análisis y discusión convergen en aquellos sucesos. El primero, que un grupo de personas -¿campesinos, estudiantes, militantes guerrilleros…?- ingresaron a la embajada española y, por la fuerza y con armas, sometieron a quienes allí estaban. El segundo, consecuencia de aquel, el asalto de las fuerzas de orden público de una forma cuestionable respecto del uso excesivo de la fuerza y la violación de tratados internacionales.
Llama la atención que el juicio es contra las fuerzas que actuaron frente al secuestro, pero no contra los autores del mismo. Algo sesgado, porque se deja fuera de la investigación las causas que origenaron el problema, claramente determinadas y definidas al escuchar la declaraciones -están en la web- del entonces embajador Máximo Cajal. El señor Cajal deja claro que quienes ingresaron cerraron las puertas y, por tanto, “ni podíamos salir ni nadie podía entrar”; posteriormente fueron trasladados -a la fuerza- y encerrados contra su voluntad (secuestro) en el despacho del diplomático. El embajador manifiesta que trataba de negociar con quienes procedían, desde afuera, a ingresar a la sede. Me pregunto cómo lo hacía o en qué términos cuando no era libre, sino reo de quienes ingresaron. También manifiesta en la entrevista que los ocupantes cortaron las comunicaciones y que sacaron cocteles molotov que él personalmente -y de forma ingenua, agrega- escondió detrás de unos libros en la biblioteca del despacho. Su relato, preciso y revelador en casi toda la declaración, se difumina cuando afirma “!de pronto se produjo un incendio!”, dejando sin aclarar, precisamente, la razón última de las muertes ¿Cómo se produjo un “imprevisto” incendio en un pequeño cuarto en el que todo era observable? En este punto pareciera no querer concretar lo que realmente pasó. Si se agregan las declaraciones aparecidas en prensa de la época -recogidas en varios libros- en las que el propio embajador manifestó que en un determinado momento ”uno de los ocupantes sacó la bomba y la lanzó hacia la puerta”, y que se zafó de “uno de los ocupantes que me amenazaba con una pistola”, se llega a la conclusión inequívoca de que allí se produjo un secuestro (delito) por personas armadas, que nada tiene que ver con esa cándida descripción de “campesinos o estudiantes” atribuida a los autores, como pretenden inocentemente difundir. Lo mismo sucedió hace poco con la matanza de Los Pajoques, a cargo de “pacíficos” manifestantes alentados por otros “pacíficos” provocadores.
Hasta aquí las evidencias de las declaraciones del diplomático que deja claro cual fue la causa de todo el drama. Ahora toca analizar las consecuencias y por eso se inicia el correspondiente juicio. Sin embargo, la discusión se focaliza primordialmente en lo último (el asalto), obviando la génesis del problema (el secuestro) que aunque no justifica la actuación, la enmarca y contextualiza. Recordemos aquello de “la causa de la causa es causa del mal causado”, que Humberto Preti nos recordó hace unos días muy acertadamente. Si nunca se hubiera ocupado a la fuerza la embajada, jamás habrían ocurrido los sucesos que ahora se lamentan.

Busquemos justicia, pero también apliquémosla a quienes, por la fuerza de las armas, cometieron delitos al querer imponer su voluntad por la fuerza. No fueron héroes aquellos “pacíficos ocupantes” mas bien actores macabros a quienes, a la par o antes que a otros, habría que juzgar ¡Dejemos a un lado la polarizadora hipocresía habitual!

lunes, 29 de septiembre de 2014

Chusma homicida


 “Las palabras elegantes no son sinceras; las palabras sinceras no son elegantes”


Los hechos acaecidos en San Juan Sacatepéquez evidencian la prefabricada y tolerada conflictividad. La “criminalización” de la protesta social se metamorfosea “criminalización” de la empresa privada. Alborotadores profesionales -anti todo- boicotean cualquier actividad que signifique progreso porque desean someter a la población más pobre. Las empresas promueven desarrollo, mejoran las condiciones de vida, crean puesto de trabajo alternativos a los tradicionales -que no han sacado de la miseria al país- y contratan a muchas mujeres, generando un sustancial grado de independencia frente a la tradicional subordinación machista. Ese grupito de terroristas, incrustado en movimientos que monopolizan “la lucha social y campesina”, decidió matar -otra vez- a varios miembros de una familia y amenazar a muchas personas, bajo la “gravísima acusación” de estar relacionados con cierta empresa. En la reunión de junio pasado con el Presidente, el CUC solicitó el listado de propiedades voluntariamente negociadas para construir la carretera, información que también buscó insistentemente el diputado Amílcar Pop. La familia masacrada era una de las que había vendido; don Marcelo Pajoc, además, testificó en un juicio en el que condenaron a 50 años a otro asesino comunitario.
Parte del dinero que reciben esos bandoleros es donado por países “amigos” que directa o indirectamente financian esas actividades criminales, aunque desde lo políticamente correcto hablen de cooperación para el desarrollo y maquillen lo que ocurre con la clásica verborrea discusiva. Más de cincuenta denuncias y veinte órdenes de captura estuvieron silenciadas “por órdenes superiores” en el MP durante la pasada administración. Detrás de esas violaciones está la complicidad de grupos liderados por militantes activos de ORPA, EGP o FAR que en su momento realizaron o consintieron crímenes similares, sin que hayan pedido las disculpas que exigen a otros. Utilizan las mismas tácticas; llegan durante la noche al lugar, impiden el acceso de la PNC y asesinan brutalmente a quienes consideran colaboradores de la oligarquía. Aunque con suficiente información y múltiples llamadas telefónicas pidiendo auxilio, el gobierno irresponsable y cobardemente no actuó, a pesar de que preservar la vida humana es su razón de existir. Reaccionó tarde -CICIG nunca, ni Rigoberta Menchú ni la iglesia ni otros/as-, y murieron ocho personas. La inacción permitió, además, que la escena del crimen fuese alterada a conveniencia. Los asesinatos también fueron invisibilizados por ese grupito de habituales columnistas retozonas y ágiles en otros momentos pero insensibles y olvidadizas en este. Pareciera que los cachiqueles masacrados no eran de los mayas por los que suelen abogar ni de las mujeres y niñas que dicen defender, a pesar de que les cortaron el pelo y desnudaron. Ustedes: terroristas disfrazados; matones profesionales que se dicen líderes comunales; violadores permanentes de derechos humanos que monopolizan; columnistas que apoyan esas acciones o no las condenan; políticos incapaces o cómplices. Ustedes, destruyen este país que dicen suyo con cínico nacionalismo. Tienen manchadas las manos -y la pluma- de sangre, el alma repleta de odio y los bolsillos de intereses. La mayoría son chusma fratricida fracasada que militó en movimientos revolucionarios del pasado, cuyo objetivo sigue siendo mantener mísera a la población y que el liderazgo -como en Cuba- tenga privilegios a expensas de los demás.
Mientras enterraban a los masacrados, damas relacionadas con la prensa tuitearon críticas a la actuación policial o daban crédito a palabras de Daniel Pascual, sin condenar la brutalidad de los homicidas. Displicencia que contrasta con esa sensibilidad femenina con que se indigna y de la pasión con la que se muestran en otros momentos.


lunes, 22 de septiembre de 2014

Desigualdad y pobreza

 Nació pobre, murió rico y nunca dañó a nadie por el camino (Duke Ellington)

Cierta moda anima a muchos analistas, columnistas, profesores e instituciones a centrar sus trabajos y discursos en temas relacionados con la desigualdad. Menos, focalizan su análisis en la pobreza, que constituye el auténtico problema de algunas sociedades. Al respecto, el profesor Martín Krauser explica magistralmente en un video -en apenas tres minutos- ese desenfoque. Aquellos, abogan por reducir la diferencia entre quienes más tienen y menos poseen, callando que se puede vivir en una sociedad próspera con grandes desigualdades, sin que ello represente problema alguno que no sea producto de la envidia. En contraposición, es posible vivir en una sociedad muy igualitaria en la que todos sean pobres -unos más que otros- y promover la igualdad no resolvería el problema principal. La discusión, por tanto, debe centrarse en la pobreza y cómo enriquecer a ese grupo que no alcanza condiciones suficientes para subsistir, lo que genera pensamiento y políticas públicas muy diferentes de aquellas que promueven el reparto o la distribución arbitraria y forzada por ley.
Escuché recientemente al profesor Adam Przeworski decir que le era muy fácil comprender cualquier sistema de redistribución de la renta por parte de un gobierno, pero no alcanzaba a entender cómo se podría lograr la redistribución de las capacidades del ser humano de mantener la riqueza repartida lo que lleva a concluir que en el medio plazo la situación final sería exactamente igual que la que se pretendió corregir.  Los seres humanos -iguales en derechos y obligaciones- somos, sin embargo, diferentes en capacidades, voluntad, espíritu emprendedor, deseos, aspiraciones y otras características que hacen que cada quien tenga un horizonte distinto y que pretenda alcanzarlo a una velocidad diferente. La forzada igualdad fue considerada por Tocqueville como “una nueva forma de servidumbre”.
Mises, en su libro "La acción humana", deja muy claro cómo y por qué actúan las personas y ese "pequeño detalle" pasa desapercibidos por muchos de los que abordan la desigualdad pero disimulan la parte cualitativa del problema. Tampoco es lo mismo una sociedad pobre, producto de marcos legales de privilegios a determinados grupos que otra que puede serlo por motivos diferentes. La acción estatal puede ser culpable de la pobreza que asole a determinados grupos, normalmente generada por descarado mercantilismo, autoritarismo impuesto o falta de condiciones relacionadas con la seguridad y la justicia. Ejemplos sobran en el continente. Redistribuir supone generar legislación particular y desigual para promover igualdad, lo que se traduce en una contradicción en sí misma y promueve la corrupción, la violación de derechos individuales o la arbitrariedad, cuanto menos. Preocuparse por la pobreza, como algunos señalan, permiten visualizar con exactitud cuál debe ser un rol fundamental del gobierno en una sociedad moderna: promover el Estado de Derecho y garantizar certeza jurídica. Cuando ese principio básico se olvida, se desvía la atención para satisfacer las ambiciones de grupos de poder que no se reducen a los clásicos de corte empresarial, sino que cada vez más afloran a través de organizaciones muy diversas.

Krauser tiene toda la razón -y claridad- al abordar el problema de la pobreza y dejar en entredicho a quienes abogan por la igualdad y enlaza con el cuestionamiento de fondo propuesto por Przeworski de cómo mantener la misma una vez alcanza, si es que se logra. Tampoco se comenta si ese procedimiento redistributivo tiene algún límite temporal o es eterno. Generalizaciones y discursos poco sostenibles, menos sustentables y, sobre todo, que reflejan escaso interés por el problema de fondo: la pobreza.  








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